La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) hizo público, este martes 4 de julio, un nuevo informe sobre la situación de Venezuela, donde se reclaman nuevas torturas, detenciones arbitrarias y hechos de violencia sexual contra pueblos indígenas y el cierre de centros clandestinos manejados por organismos de inteligencia (Dgcim y Sebin).
En el informe, que será presentado de manera oral por el Alto Comisionado Volker Türk el 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según reseñó Tal Cual, se enfatizó en la vulneración y criminalización de grupos específicos como trabajadores, pueblos indígenas, campesinos y presos políticos; al igual que los efectos desiguales de la crisis en niños y niñas, mujeres y personas Lgbti.
El documento, que abarca entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, también pone de manifiesto los pocos esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para resolver las detenciones arbitrarias, la negación de asistencia médica a detenidos, el avance en algunos casos y proveer de un juicio justo, así como la falta de investigación en 91 denuncias de tortura documentadas por dicha instancia de la ONU.
La Oficina del Alto Comisionado destacó que, si bien han registrado la disminución de asesinatos en el contexto de operativos policiales y de seguridad, es posible que exista una falta de denuncias por temor a represalias y el acceso limitado por las zonas donde se producen estas muertes.
También se hizo énfasis en la falta de investigación de muertes en contextos de protesta u operativos de seguridad (ejecuciones extrajudiciales). Según el Oacnudh, hay muertes como la de Robert Redman o Alejandro José Márquez que llevan nueve años siendo investigadas y en fase de juicio.
Otra cuestión que señaló la oficina es la falta de investigación de las desapariciones de personas ocurridas en alta mar, así como la falta de respuesta en los presuntos casos de desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos y Hugo Henrique Marino Salas, pues han transcurrido más de cuatro años sin que se tenga información sobre su paradero.
Además, la Oficina del Alto Comisionado rechazó los bajos salarios y el clima de intimidación contra trabajadores del sector salud, maestros y otros sectores, como los empleados de empresas básicas, al sur del país, que han sido detenidos en las últimas semanas o se les ha impedido por vía judicial de ejercer su derecho a la protesta.
Respecto al tema sanitario, el Alto Comisionado destacó en su informe los problemas estructurales en centros de salud públicos, como los problemas de servicios básicos (agua y luz), además de las dificultades para la compra de material médico quirúrgico y medicinas.
Las fallas en salud, señaló, afectan de forma diferenciada a los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a vacunas esenciales como sarampión, paperas o rubéola.
En cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva, la Oficina de la ONU también encontró graves fallas para tratamientos de cáncer de cuello uterino o mama. Además, se enfatizó en las restricciones actuales que enfrentan las mujeres venezolanas para acceder a un aborto, por lo que se pidió al Estado poner fin a la criminalización y adaptar la legislación, incluyendo el artículo 432 del Código Penal, a las leyes internacionales y estándares en derechos humanos.
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