Informe de cómo aumenta el ciberdelito en España

El último informe del Ministerio del Interior sobre la incidencia de la cibercriminalidad confirma que en internet se sufren los mismos problemas de seguridad que en las calles de las ciudades

Europa, detrás de América del Norte, es el continente con mayor penetración de internet entre sus 835 millones de habitantes. Casi un 87,2 por ciento de los europeos utilizan la red de redes, porcentaje que entre los españoles supera el 90 por ciento de los hogares.

Es una buena noticia, puesto que hablamos de las tecnologías que marcarán nuestro futuro –en África, el acceso a internet no llega al 40 por ciento–, pero, a su vez, abre la puerta a los ciberdelincuentes de todo el mundo, que hacen lo mismo de siempre, pero con medios telemáticos y con una población que apenas comienza a precaverse del peligro que supone para su seguridad.

De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, cuyas unidades especializadas en los delitos en la red vienen acumulando experiencia desde hace ya décadas, el porcentaje de las infracciones penales que se cometen en internet sobre el total de los delitos denunciados no ha dejado de crecer, al menos, en los últimos cuatro años.

Así, si en 2016 la cibercriminalidad suponía el 4,6 por ciento del total, en 2019, ya era casi el 10 por ciento. Prácticamente, todas las modalidades delictivas clásicas tienen su asiento en la red, aunque haya que sumarles otras propias del medio, cuya definición legal aún no está clara.

Por ejemplo, la usurpación de identidad. Pero en general el Código Penal de toda la vida puede aplicarse sin mayores problemas. Por supuesto, como en la vida física de nuestras grandes ciudades, el robo y el fraude son los reyes de la delincuencia, con 192.348 de estas infracciones denunciadas en 2019, y que siguen creciendo.

En 2016, fueron algo más de 70.000 los casos conocidos. También, cosas de «la nueva política» y del anonimato que facilitan las nuevas tecnologías suben los delitos de amenazas, que se mantienen en torno a los 12.000 casos y los atentados contra el derecho al honor. Los delitos sexuales, en su mayoría con las mujeres como víctimas supusieron 1.774 denuncias el año pasado, con un incremento menor que otras modalidades, como la falsificación.

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