Amnistía Internacional revela que la administración de Nicolás Maduro en Venezuela «incrementó su estructura de represión durante la pandemia de coronavirus».
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, remarcó que cada vez son más los informes internacionales que denuncian los atropellos ejecutados en Venezuela.
Denunció nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de torturas en el país caribeño.
“Se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad”, señala el informe.
Además la organización internacional da cuenta de nuevos reportes de “tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente”.
“La detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia”, anota.
Cuestiona que durante la pandemia hay detenciones breves y, posteriormente, restricciones contra activistas políticos e, incluso, profesionales de la salud que denuncian.
«Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero”, apuntó.
La ONG de derechos humanos, responsabilizó de las ejecuciones extrajudiciales a los cuerpos de seguridad (FAES y CICPC).
Recordó que según un informe de la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU el año pasado se registraron al menos 2.000 muertes en operativos de las fuerzas de seguridad de la dictadura.
“La cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado fue un ejemplo de la respuesta represiva a la COVID-19”, advierte el informe.
Desaparición forzada
El informe da cuenta que otra práctica represiva que mantuvo el régimen de Maduro durante el último año fue la desaparición forzada.
Y que los detenidos por motivos políticos se los sometió a largos períodos de incomunicación, como los casos de los congresistas Renzo Prieto y Gilber Caro.
«Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias (…) métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual», describe.
Y agrega que la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del SEBIN y la DGCIM.
Así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM.
Impunidad y represión
Amnistía Internacional cuestionó, además, que las autoridades “no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos”. Por el contrario, estos “quedaron impunes”.
Para la ONG la impunidad en los distintos casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional “sigue siendo la norma”.
Además denuncia que se le suma la falta de asistencia médica durante la pandemia, los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, y el profundo desabastecimiento de productos básicos.
Lo que ha llevado a registrar más de 9.000 protestas contra Maduro, según datos de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Más de 400 de esas protestas han sido reprimidas por la Policía, el Ejército y grupos paramilitares en Venezuela.
En su informe publicado este martes, Amnistía Internacional sostuvo que también se registró un retroceso en materia de libertad de expresión en Venezuela.
“Según la organización de la sociedad civil Espacio Público, entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas».
Estos incluyen actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.
Alerta sobre los centros montados por la dictadura, conocidos como PASI (Punto de Atención Social Integral), donde fueron ubicados más de 90.000 venezolanos que regresaron al país para cumplir la cuarentena obligatoria.
“Estos centros seguían procedimientos arbitrarios y militarizados que daban lugar a medidas punitivas y represivas, y no daban prioridad a la atención médica y la prevención del contagio», señala AI.
Denuncia también las condiciones precarias de los PASI que incumplen indicaciones de la OMS al no contra con agua potable, alimentación adecuada y asistencia médica óptima.
Pruebas COVID-19
Finalmente la ONG alerta por «la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas a la COVID-19».
Lo que para AI agravó la ya preocupante emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela.
NotiVeraz