a extensión del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos es uno de los temas que se analiza, actualmente, entre los defensores de derechos humanos, pues este mecanismo, instalado en Venezuela desde 2019, con el fin de evaluar presuntas violaciones cometidas desde 2014, vence su período en septiembre de este año y su renovación depende de la aprobación, por mayoría, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
La importancia de este mecanismo radica en que es la única instancia que investiga a los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, bajo los estándares de la Corte Penal Internacional, por lo que sus informes pueden servir como punto de partida para que se inicien las investigaciones en esta instancia, explicó el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (Olacp), Humberto Prado, en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz.
Prado es abogado, fundador y exdirector del Observatorio Venezolano de Prisiones y excomisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas. Su experiencia durante años de trabajo en esta materia lo lleva a ser optimista sobre la situación de Venezuela y a entender que la única forma de obtener victoria es manteniendo una lucha continua y sostenida de documentación y visibilización, labor en la que considera importante a los medios de comunicación, a los que pide formar parte de esta causa.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos trabaja de forma paralela con dos instancias internacionales en las que se abordan violaciones de derechos humanos: la Corte Penal Internacional (CPI) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de Michelle Bachelet. Sobre esta funcionaria, cuestiona su actuación en relación con Venezuela, pues considera que “ha podido hacer más”.
Para Prado es inconcebible que en Venezuela se mantenga privado de libertad a un defensor de derechos humanos y que la responsable de esta materia a escala internacional no pida a Nicolás Maduro su liberación. “Es muy tibia su actuación, independientemente de que es muy importante su participación en el país para la toma y documentación de las denuncias y la visibilización de algunos temas importantes”, apuntó.
Asimismo, recordó el caso de un reportero gráfico privado de libertad que cuenta con boleta de excarcelación y que permanece preso, porque “una ministra (de Asuntos Penitenciarios) no acata una orden judicial”. En ese sentido, indicó que en el caso de los privados de libertad que se mantienen en prisión pese a tener orden de excarcelación deben llevarse a cabo todos los trámites, aunque las instituciones no actúen, con el fin de que los responsables puedan responder ante los organismos internacionales.
En relación con el reciente proyecto de ley sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que adelanta la Asamblea Nacional electa en 2020, comparó el caso de Venezuela con el de Nicaragua, pues, a su juicio, se busca ilegalizar el trabajo de estas organizaciones.
–¿Lo que ha hecho la Misión de Determinación de los Hechos ha tenido más impacto para la Corte Penal Internacional que lo que ha llevado a cabo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas?
–Totalmente, porque los dos informes no es que no le sirvan de insumo a la Corte Penal Internacional, pero es que son dos tipos de informes. El que emite la Alta Comisionada es más que todo un memorando de asistencia técnica, mientras que la competencia de la Misión Internacional de los Hechos es levantar informes de responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, que son dos áreas diferentes. La Corte Penal Internacional no investiga delitos de derechos humanos, sino que su competencia tiene que ver con crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad, de ahí en adelante comienza su proceso hasta llegar a los juicios y condenas.
–¿La alta comisionada Michelle Bachelet ha hecho lo que le ha correspondido hacer o ha sido mediatizada por el tema político?
–Yo creo que ella ha podido hacer más, porque es la primera funcionaria con ese cargo a quien dejan entrar a Venezuela a trabajar por el tema de los derechos humanos, porque a su antecesor no lo dejaron entrar y el informe que levantó fue duro y real. Cuando la alta comisionada levantó su primer informe dijeron que estaba pagada por el imperio, la echaron a patadas, hicieron hasta un acto público y varios funcionarios firmaron un documento rechazando ese informe, después le bajó los decibeles a su investigaciones y yo creo que ha sido muy tibia en sus funciones. No diré que tiene una simpatía política, pero en las funciones que tiene como Alta Comisionada ha podido y puede hacer mucho más.
–¿Es importante la extensión de la Misión Internacional de los Hechos?
–Sí, porque es lo único que tenemos en la parte objetiva, porque si bien es cierto que tenemos la oficina de la Alta Comisionada y el fiscal de la CPI, Karim Khan, se comprometió a abrir una oficina en el país, estas dos oficinas son de carácter técnico y la única herramienta de investigación para tener en blanco y negro a los responsables de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad es la Misión Internacional de los Hechos, porque investiga bajo los estándares de la CPI.
–¿De qué depende la extensión de la Misión?
–De tres áreas muy importantes: jurídica, política y diplomática. Lo jurídico, porque es importante visibilizar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la importancia de la extensión de la Misión Internacional de los Hechos para que siga en el país, pues es el organismo que puede extender el mandato por aprobación de los 47 países que forman parte de esta instancia y son representados por los embajadores, ahí es donde viene la parte diplomática. La parte política, porque creo importante que los políticos que tienen alcance en estas instancias internacionales se pongan a tono de parte de esta inquietud de las organizaciones de derechos humanos para que actúen en la práctica, porque la renovación va a depender, el próximo mes de septiembre, de que los Estados lleven la recomendación de extender una vez la misión internacional entregue su último informe. En esa audiencia hay que ponerse de acuerdo.
–¿Puede el Gobierno de Maduro objetar con éxito la extensión de esa misión?
–Claro, porque ellos están allá, con embajador y lamentablemente países que violan derechos humanos están concentrados para impedir que los Estados sean investigados. Ellos tienen el reconocimiento de la ONU y el lobby (acciones de influencia por parte de un grupo) es totalmente diferente al de las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas. Hay que ponerse de acuerdo para que los Estados que están en el ala del respeto de los derechos humanos insten a sus pares para que se tenga la mayoría, pero eso se tiene que trabajar ahorita y no cuando falte un mes.
–¿Quién lo tiene que trabajar?
–Las representaciones diplomáticas que tienen participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como Francia, Reino Unido, Alemania, Noruega y Canadá. Son representaciones que hay que tocarlas y por lo menos darles los argumentos sobre la importancia de que se extienda el mandato. Hay que jugar en un solo cuerpo y que cada quien haga lo que sabe hacer.
–¿Esa información que ha levantado la Misión de Determinación de los Hechos puede ser utilizada por el fiscal Karim Khan en su proceso contra personalidades en Venezuela?
–Esa información es muy importante, porque no sale de una ONG (Organización No Gubernamental), sino de un mecanismo de Naciones Unidas que tiene competencia en lo que tiene que ver con investigación, que lo está haciendo con estándares de la CPI. El fiscal la puede tomar, por lo menos, como punto de partida para que inicien las investigaciones.
–En días pasados vimos mucha preocupación por rumores acerca de la instalación de la oficina de la CPI en el TSJ. ¿Qué hace tan relevante dónde funcione esta oficina?
–No se trata de una oficina de la Alta Comisionada, sino de una oficina de la CPI que investiga crímenes de lesa humanidad y personas que ellos están investigando van a ser responsables en un juicio internacional con derecho a la defensa. Es importante que esté ubicada en un sitio que no genere ruido, porque las víctimas pueden ser llamadas para levantar una información.
–También conocimos la respuesta de Khan a la solicitud de desestimar el caso Venezuela realizada por la cancillería de Maduro. ¿Ahora qué sigue en este proceso?
–El estilo de este fiscal es diferente al de Fatou Bensouda (su antecesora en el cargo). No es que ella haya sido más transparente, pero por lo menos informaba de las investigaciones; este fiscal actúa y no informa. La segunda vez que vino a Venezuela fue de manera secreta, se encerró tres días con el Gobierno (de Maduro) y una de las cosas que siempre decimos es que el gobierno es el perpetrador. Si tú le estás dando la mano a quien estás investigando, es decir, el gobierno, tienes que mostrarle también a la otra parte que también estás con ellos, en este caso las víctimas o sus representantes. Cuando no lo haces puedes generar cualquier clase de pensamiento.
–¿No te parece una jugada inteligente del fiscal Khan?
–Yo creo que él sabe que lo están observando y que se le estaba venciendo el tiempo para que el Estado respondiera y como el Estado respondió atacando y pidiendo que se inhibiera, su respuesta fue decir que continuaba con la investigación, pero todavía esa fase de investigación no se ha abierto. El fiscal remitió un oficio a la Sala de Cuestiones Preliminares I, donde solicitó permiso para continuar con la investigación como tal, de ahí en adelante iniciará todo lo que tiene que ver con la investigación que va a desarrollar. El Estado venezolano también tiene derecho a apelar esa decisión y en esa apelación pasarán seis meses o un año. Es un procedimiento lento, pero de carácter penal internacional y hay que estar sobre cada uno de estos procesos. Los defensores de derechos humanos tenemos que aprovechar este momento para trabajar, seguir documentando e informando a la corte (CPI). Yo creo que próximamente vamos a tener noticias de esta instancia.
–¿En qué estatus está el proceso de la CPI en este momento?
–Estamos en una instancia en la que el fiscal solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación hacia Venezuela.
–¿Crees que esta historia tendrá un final favorable para las víctimas?
–Yo vengo de estar en el Observatorio Venezolano de Prisiones y nosotros duramos en dos casos –las masacres de Vista Hermosa y San Félix– 16 años con las víctimas y, al final, la corte decidió a favor de las víctimas. No estoy diciendo que este caso va a durar 16 años más. Este proceso en la CPI es nuevo para nosotros e incluso para Latinoamérica. En la región es la primera vez que un país pasa a la fase de investigación; Colombia duró en la parte preliminar 14 años y después llegaron a un acuerdo para cerrar el caso dejándolo bajo supervisión, pero Venezuela pasó a la fase de investigación. Yo soy muy positivo y una de las cosas que me ha enseñado el tema de derechos humanos es que la única forma de que puedas obtener victoria en este campo es que tengas una lucha continua y sostenida.
Hay que seguir trabajando, documentando, visibilizando e informando a la CPI. En este punto en particular, a los colegios de abogados en cada estado se les está dando herramientas para que sirvan de ayuda a las organizaciones en la documentación de los casos, con el fin de que se puedan presentar debidamente ante esta instancia internacional.
–¿Cuál sería ese final favorable para las víctimas?
–Yo creo que las víctimas van a tener buenas noticias. Para mí, la CPI todavía no tiene casos, sino informaciones, pero cuando comiencen a investigar casos con nombres y cadenas de mando va a haber con nombre y apellido un caso, pero la corte lleva más de 5.000 informaciones en materias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones a grupos políticos y delitos sexuales. De todo eso tienen que tomar, por lo menos, uno que tenga los elementos de los estándares de la corte para que se pueda tener una investigación y un final feliz para las víctimas que lo que buscan es justicia.
–¿El Gobierno de Maduro actúa correctamente frente a la Corte Penal? ¿Estarán preparados para afrontar lo que viene?
–Yo creo que ellos simplemente están haciendo lo que le corresponde a todo perpetrador: sabotear, hacer ver que están colaborando con la corte, que la justicia se está haciendo en el país, que no habrá persecuciones y las que ha habido se están investigando. Pero no hemos visto un antejuicio de mérito a un gobernador, un general o un ministro, ni siquiera a un sargento, simplemente a los más débiles, los que ejecutaron, pero no quienes estuvieron al mando. En ningún momento se ha investigado a un supervisor de las policías, ni al director de las Faes.
Cuando el fiscal (Karim Khan), una vez autorizado por la Sala de Cuestiones Preliminares, tenga los casos fuertes y en el procedimiento comiencen a determinar nombres y apellidos, pueden venir las requisitorias. Eso va a ser una noticia muy buena. La justicia puede ser lenta, cuando aparecen los derechos humanos a más de uno asustan. En La Haya hay calabozos para perpetradores y este mensaje se lo mando incluso a los que saben en lo que están involucrados y en lo que se está procesando en esta instancia.
–¿Hay precedente de una investigación parecida con funcionarios en ejercicio? ¿Cuánto tiempo puede demorar para que se dicte una condena?
–El estatuto no habla del tiempo, pero sí del procedimiento. Cuando se juzga a alguien en el poder no es tan fácil como cuando se juzga a alguien que no está, pero lo importante es que el procedimiento está abierto. Creo que una de las cosas inteligentes que ha hecho el fiscal (Karim Khan) es tener la entereza de decirle a Maduro en su cara ‘estoy aquí porque te estoy abriendo una investigación, quiero que colabores, quiero abrir una oficina y te estoy dando el chance de que te defiendas’. El fiscal nos ha sorprendido con las dos actuaciones que ha manejado y ha sido muy interesante. El trabajo con la oficina de la alta comisionada es uno de los acuerdos que está dentro de las informaciones que él rindió cuando vino a Venezuela, creo que esos avances se están dando y los estamos viendo sorprendidos, porque no esperábamos que Bachelet se presentara allá.
–¿Qué medidas o pasos deben darse para preservar los derechos humanos en Venezuela?
–A los defensores de derechos humanos lo que les corresponde es seguir levantando información, documentando y aplicando los diferentes mecanismos del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de los Derechos Humanos y que todo quede por escrito en cada una de estas instancias y en algún momento habrá justicia en el país.
–La Asamblea Nacional de Maduro trabaja en la aprobación de la ley contra las ONG. ¿Qué opinas de este instrumento legal?
–Es la respuesta de Nicolás Maduro y su gente a todo el trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos con la Misión Internacional de los Hechos, la Corte Penal Internacional y los diferentes mecanismos. Esta gente siempre le ha tenido hambre a las ONG. Cuando Diosdado Cabello estuvo en un primer mandato en la Asamblea Nacional estaban desarrollando esta ley, pero no la pudieron sacar a tiempo. Una de las primeras cosas que hicieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue sacar un registro para las ONG, mecanismo que fue rechazado.
La mayoría de las ONG trabajan con cooperación internacional cuando les dan financiamiento para que se desarrollen investigaciones y ahora esta ley dice que están de acuerdo, pero la cooperación debe llegar a manos del Estado para que este reciba el financiamiento. Yo quiero ver si la Unión Europea, alguna embajada u organismo internacional le va a dar el financiamiento al Gobierno. Yo creo que esta gente viene con la misma persecución que hicieron en Nicaragua con las organizaciones para ilegalizarlas y hacerlas trabajar en la clandestinidad.
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