El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) contabilizó un total de 223 hechos delictivos cometidos contra 13 universidades del país entre marzo y diciembre de 2020. Las agresiones incluyen robos, hurtos, invasiones y otros actos de vandalismo. Durante los primeros 10 días de 2021, otros 10 ataques se perpetraron en cinco universidades públicas. La mayoría de estos hechos permanecen impunes.
La Universidad de Oriente (UDO) fue la institución de educación superior más atacada en el país desde que se inició la cuarentena nacional por COVID-19 y hasta que terminó el año 2020. Un total de 65 robos o hurtos, ocho actos de vandalismo -que incluyó la quema de una de sus bibliotecas- y una invasión a un terreno fueron los 74 actos delictivos perpetrados en al menos cuatro núcleos de esta casa de estudios. La Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad Central de Venezuela (UCV) fueron las otras dos instituciones más atacadas, con 59 y 38 incidentes, respectivamente.
Durante 2020 la delincuencia arremetió principalmente contra universidades autónomas, pero también se registraron hechos delictivos en instituciones intervenidas por los gobiernos de Chávez y Maduro. Las otras 10 universidades agredidas durante la cuarentena son: Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) con 17 incidentes; Universidad del Zulia (LUZ) con 15; Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) con 8; Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) con 4; Universidad de Carabobo (UC) con 3; Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) y Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) con 1 incidente cada una.
Desmanteladas y desamparadas
La mayoría de los actos delictivos cometidos contra las universidades públicas del país no han sido investigados por las autoridades competentes. Tampoco los delincuentes han sido identificados ni detenidos en la mayoría de los casos. La impunidad que prevalece ante los reiterados ataques a las universidades venezolanas es responsabilidad del Estado, cuya inacción deja a las instituciones no solo desmanteladas sino desamparadas.
Solo en robos y hurtos se registraron 193 hechos desde el 16 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2020. La mayoría de los bienes materiales sustraídos por el hampa son imposibles de reponer debido a la asfixia presupuestaria que ejerce el régimen de facto sobre las universidades públicas del país. Los delincuentes han robado equipos de investigación científica, de computación, materiales e instrumentos de laboratorio, libros y hasta piezas que formaban parte de edificaciones y vehículos propiedad de las universidades.
Debido también al casi inexistente presupuesto que el Estado asigna a las universidades públicas, cada vez hay menos personal de vigilancia, y el que aún está en nómina el sueldo que percibe no le alcanza ni para pagar los pasajes para llegar a sus puestos de trabajo. Además, los delincuentes han agredido físicamente a varios vigilantes de universidades, causándoles lesiones de gravedad, como ocurrió con el vigilante de LUZ a quien ladrones lanzaron desde un segundo piso el pasado 6 de enero.
El ODH-ULA exige al Estado venezolano cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los espacios universitarios y evitar la impunidad en hechos delictivos cometidos dentro de los mismos. Su inacción lo convierte en cómplice del progresivo desmantelamiento de las universidades públicas del país, cuyo funcionamiento está prácticamente paralizado a causa de la asfixia presupuestaria que ejerce el mismo Estado que no las ampara.
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