El presidente interino, Juan Guaidó, ratificó este lunes 13 de julio la inclusión de Venezuela en el Protocolo de San Salvador, un mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para salvaguardar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los pueblos.
En un comunicado emitido por el Despacho de la Presidencia Encargada, la administración de Guaidó recordó que el 27 de enero de 1987 Venezuela se suscribió al Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como “Protocolo de San Salvador”.
En el reciente documento, Guaidó ratificó y aceptó tal protocolo, “así como el compromiso de cumplir y aplicar fielmente las disposiciones en él estipuladas, para que tenga plenos efectos internacionales en lo que a Venezuela se refiere”.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también conocido como Protocolo de San Salvador, es un tratado que viene a completar la Convención Americana desarrollando de una forma más amplia la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Venezuela suscribió el Protocolo el 27 de enero de 1989, debiendo iniciar posteriormente el procedimiento interno para la definitiva ratificación, que consiste en la aprobación por parte de la Asamblea Nacional; la respectiva publicación en Gaceta Oficial y el depósito ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En marzo de 2005, el Protocolo fue discutido y aprobado por la Asamblea Nacional, Y el 23 de mayo de 2005, el entonces presidente, Hugo Chávez, dio el “cúmplase” para la publicación del Protocolo en la Gaceta Oficial Nº 38.192, del mismo año. Sin embargo, y pese al mandato establecido en el reglamento del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE), que le atribuye la confirmación de los Tratados, Pactos y Convenios Internacionales a la Consultoría Jurídica de dicho Ministerio (artículo 4, ordinal 4, Decreto 372, de fecha 7 de octubre de 1999), no se cumplió con el depósito ante la Secretaría General de la OEA, último e indispensable requisito para la ratificación definitiva del Protocolo.
Posteriormente una larga trayectoria de peticiones para su ratificación tuvo lugar de la mano de ONGs como Provea, sin resultados favorables por parte del régimen chavista.
Los tratados internacionales de protección de derechos humanos como el Protocolo de San Salvador son una herramienta importante para la defensa de nuestros derechos; así también lo ha reconocido la Constitución, la cual otorga a los tratados internacionales rango constitucional siempre y cuando su aplicación sea más favorable que disposiciones de derechos interno.
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