El gobierno de Nicolás Maduro acelera el proceso de devolución de bienes expropiados sin indemnización ni compensación para los afectados
El proceso permitirá la devolución a sus propietarios de las fincas destruidas tras la administración del Estado. Aunque sin ningún pago compensatorio a los afectados por este tipo de medidas que se remontan a la época del expresidente Hugo Chávez.
Con discreción y sin grandes anuncios, los funcionarios de Maduro adelantan un proceso a gran escala para devolver al sector privado los bienes expropiados en los últimos años.
La decisión incluye una lista de propiedades y negocios, en la que, por el momento, se destacan las haciendas y ganaderías relacionadas con la producción agropecuaria, aunque también hay hoteles e industrias.
El hermetismo es la clave de este proceso. La devolución del Centro Comercial Sambil a sus dueños, la familia Cohen, que llevaba meses en negociaciones secretas parece ser la punta del iceberg.
El citado medio español ha aclarado que en ningún caso parece incrementarse la cifra de indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados.
Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Tarek El Aissami y los ministros del área económica y comercial, con autorización de Nicolás Maduro, encabezan el cronograma de entrega. Esta con carácter selectivo y que se subdesarrolla con reparos y resistencias en el sector chavista.
La comunicación del oficialismo con el empresariado es fluida, subrayan las fuentes consultadas. El Gobierno, algunos empresarios y varios sindicatos prevén convocar a fines de este mes el Foro de Diálogo Social, con Maduro como árbitro. Esto en presencia de funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo.
En el ámbito agrario, el gobierno de Maduro y empresarios discuten un documento de trabajo en el que se valora la devolución de las propiedades expropiadas a sus dueños originales. Como es el caso de hatos como El Rodeo, ubicado en el estado Guárico, con 3.600 hectáreas.
Además, el Hato Las Mercedes, en Barinas, con 14.000 hectáreas; el Fundo San Roque, en el estado Zulia, con 176 hectáreas y la Escuela Agrícola Salesiana San José, en Barinas, con 1.800 hectáreas. También el Fundo San Antonio, en el estado de Yaracuy, con 1.200 hectáreas; el Fundo Buena Esperanza, en Zulia, con 900 hectáreas y el Hato Cristo/El Trébol, en el estado Mérida, con 530 hectáreas.—
Destacan también el Fundo San Felipe, en el estado Zulia, con 275 hectáreas; la Hacienda Bolívar, en el estado Zulia, con 4.000 hectáreas o el Hato El Zamuro, en el estado Portuguesa, con 6.200 hectáreas. Con pocas excepciones, el ejecutivo de Maduro suele devolver activos desmantelados e inutilizables que funcionaban normalmente antes de ser incautados.
Funcionarios chavistas realizan diversas propuestas a los empresarios e industrias manufactureras expropiados —la empresa agroquímica y de servicios AgroIsleña, Aceites Diana; la siderúrgica Sivensa. Pero, contrario a lo que sucede con las haciendas, la oferta es recibida con incredulidad y desgana.
El País señaló que la cadena hotelera estatal Venetur se deshace de parte de su sede. Walter Stipa, un empresario cercano al chavismo, toma el control de algunos de ellos para explotarlos. El chavismo ofrece contratos de servicios en forma de concesiones. Sus líderes siguen siendo muy reacios a utilizar la palabra “privatización”.
Cabe señalar que en 2006, Hugo Chávez inició una toma paulatina de activos y empresas del sector privado. Luego invoca el interés nacional y propone la existencia de fórmulas alternativas de propiedad. Esto, luego de negar en repetidas ocasiones que tuviera la intención de hacerlo.
La política formaba parte del interés estratégico de “control de los medios de producción” para hacer realidad la utopía revolucionaria.
Se supone que la ola de nacionalizaciones, expropiaciones, tomas y “rescates” de tierras en Venezuela hace justicia social y redistribuye la riqueza. En su accionar ha incluido empresas cementeras, vidrieras, siderúrgicas, hoteleras, petroleras, eléctricas y telefónicas.
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