El coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, informó que pese a que aún ni el gobierno de Nicolás Maduro ni la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) lo han hecho público, los funcionarios de esa dependencia que instalarán una oficina en Caracas, ya se encuetran en el país.
Alvarado dijo que esperarán cuál será la actitud de Miraflores ante la instalación de la oficina de asistencia técnica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas, después de la decisión de Miraflores de expulsar a los 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (Oacnudh) de Venezuela.
“Parte de su personal se encuentra en Caracas y aunque el gobierno ni la CPI lo ha hecho público sí sabemos que hay presencia de algunos funcionarios de la oficina de la Fiscalía en Caracas. Es posible que próximamente eso se haga público”.
Añadió que son optimistas ante la decisión que dará a conocer la Sala de Apelaciones I de la CPI, el próximo 1 de marzo, de la apelación que hizo el gobierno de que no continúe la investigación contra el gobierno de Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Cómo afecta la expulsión de la Oacnudh
Además, explicó cómo afecta a las víctimas y su entorno la expulsión de la Oacnudh de Venezuela, medida que se concretó el pasado sábado 17 de febrero.
“Es una decisión que afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la población y particularmente tiene un impacto contra los comités de víctimas, ya que había un interesante proceso que venía desarrollando la oficina con varios comités de víctimas en el país”, explicó.
Alvarado citó las asesorías que brindaban los funcionarios de esta instancia de Naciones Unidas a diferentes organizaciones en el país, en su exigencia de justicia ante la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Dijo que entre la cooperación estaba la de fortalecer las capacidades técnicas de los comités para que conocieran el sistema de justicia nacional y el internacional, con lo que podrían demandar que se haga justicia sobre sus familiares afectados por las violaciones a sus garantías fundamentales.
Igualmente la Oacnudh hacía un acompañamiento judicial a estos comités ante instancias como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los propios tribunales, con lo que buscaban se castigue a los culpables de ejecuciones extrajudiciales y otros casos en los que aún no se castiga a los responsables de estos delitos.
Acusación a Oacnudh
El pasado 15 de febrero, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Yván Gil, anunció la decisión de Miraflores de expulsar a los funcionarios de la Oacnudh de Venezuela y de fijar un lapso de 30 días para revisar el memorando de entendimiento que firmaron en septiembre de 2019 con la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet, lo que permitió establecer un equipo técnico dentro del país de esta dependencia.
Alvarado aseguró que la Oficina mantenía contacto directo con dirigentes sindicales, organizaciones de la sociedad civil defensoras de DDHH y hasta con las madres de los niños y adolescentes del hospital infantil J.M. de los Ríos en Caracas para apoyarlos en materia jurídica.
A pesar de esto, el gobernante Nicolás Maduro los acusó de practicar “el espionaje” dentro del país, en su más reciente pronunciamiento sobre el tema este lunes 19 de febrero.
“Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela“, aseguró en su programa de televisión Con Maduro+, según recogió la agencia de noticias Efe.
El coordinador de exigibilidad de Provea afirmó que ahora desde el exterior, según Efe se encuentran en Panamá, podrían continuar su trabajo aunque no con el mismo acompañamiento que brindaban desde el territorio nacional.
Sin embargo, consideró que así como los cuatro informes documentados de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, la Oacnudh tiene la posibilidad de mantener el contacto con las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y demás instancias de cooperación con las que contaban dentro del país.
“Les tocaría reforzar los vínculos que tienen con distintas personas, instituciones y organizaciones que le pueden transmitir información confiable. Ojalá el gobierno rectifique, creo que se metieron un gran autogol con la expulsión de la oficina”, opinó.
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