Contaminación de vías fluviales con mercurio, asesinatos, fallecimiento de cientos de habitantes de comunidades indígenas y advertencias de desastres medioambientales son parte de las denuncias hechas por la Escuela de Formación Permanente en Derechos Indígenas “José María Korta-Ajishama», en su informe “Memoria de la Amazonía venezolana en riesgo: Pueblos indígenas y ambiente afectados por el extractivismo minero».
En el informe, presentado el pasado viernes 6 de marzo, se evaluó la realidad de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, donde la imposición de un modelo minero depredador impacta a las poblaciones ancestrales y al entorno natural.
En el documento se denuncia que la aprobación del megaproyecto Arco Minero del Orinoco, en 2016, detonó efectos graves que permanecen ocultos debido a la opacidad oficial.
Señala que las instituciones gubernamentales muestran una presencia reducida en la zona, que impide la garantía de servicios básicos como salud, educación y seguridad. “Esta ausencia estatal coexiste con la expansión de la minería ilegal y la incursión de grupos armados irregulares en territorios indígenas”, se lee en el documento.
La investigación, publicada por la ONG Provea, resalta la urgencia de proteger a los guardianes naturales de la Amazonía para asegurar la supervivencia de toda la población venezolana y detalla la paralización de la demarcación de tierras, el colapso sanitario en comunidades Yanomami y la contaminación por mercurio en los ríos.
A continuación, en Efecto Cocuyo preparamos siete claves de los puntos más relevantes del informe:
Parálisis de la demarcación de tierras
El informe asegura que el Estado venezolano detuvo totalmente el proceso de demarcación de tierras indígenas en el año 2016 y que, hasta esa fecha, solo se entregaron 102 títulos que cubren poco más de 3,2 millones de hectáreas, una fracción mínima de lo requerido, y que esta parálisis facilita la invasión de territorios y la expansión de la minería ilegal.
Destaca un diagnóstico de 2025 que muestra que, de 12 procesos de demarcación analizados, ocho están paralizados en trámites administrativos. Los títulos otorgados representan apenas el 7,24% de las hectáreas solicitadas por las organizaciones indígenas.
La Fundación exige reactivar la Comisión Nacional de Demarcación para garantizar la propiedad colectiva constitucional.
Indígenas asesinados
48 indígenas de diversos pueblos murieron a manos de agentes públicos o grupos armados hasta diciembre de 2024. Los defensores enfrentan respuestas violentas por documentar violaciones a sus derechos territoriales y autonomía.
«No se han registrado avances en la investigación penal» por casos emblemáticos como el de Virgilio Trujillo Arana.
En septiembre de 2024, mineros no identificados asesinaron al guardián Joaquín Hernández tras oponerse a la actividad minera. Además, el texto registra ataques recientes en febrero de 2026 contra la sede del Consejo de Caciques Pemón en Santa Elena de Uairén.
La Escuela de Formación Permanente en Derechos Indígenas señaló que los órganos competentes no actúan con celeridad para dictar medidas de protección efectivas.
Colapso sanitario y muertes yanomamis
La investigación señala que el sistema de salud en el área yanomami del Alto Orinoco pasó de la crisis al abandono total desde 2019. Los ambulatorios están desmantelados y la presencia de personal médico es mínima, obligando a atender pacientes en espacios improvisados.
Los programas de control para malaria y tuberculosis se encuentran completamente inoperativos en la zona.
Los registros propios de los yanomami, citados en el texto, estiman cerca de 600 muertes entre los años 2022 y 2025. Destacaron que en octubre de 2025 se registraron 66 fallecimientos en una comunidad de apenas 112 personas a causa de la malaria.
Deforestación y crisis ambiental
El estudio revela que la Amazonía venezolana concentra entre el 55% y el 57% de la deforestación total del país y afirma que cada año se pierde una superficie de bosque equivalente al triple de la superficie de Caracas. La minería ilegal es la causa principal de la destrucción en parques nacionales como Caura, Canaima y Cerro Yapacana.
Señalan que la actividad minera contaminó al menos 33 ríos amazónicos y detectó el uso de dragas en 16 de ellos.
El texto cita que esta destrucción ambiental constituye «una advertencia muy clara sobre la necesidad de tomar acciones urgentes» para proteger los derechos humanos y que la investigación califica la situación como una crisis de derechos humanos derivada de la falta de políticas estatales.
Intoxicación masiva por mercurio
Denunciaron los niveles críticos de contaminación por mercurio en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní y Caura del estado Bolívar y que este metal pesado genera graves efectos sobre la salud humana y disminuye la diversidad biológica en los ríos contaminados.
Las concentraciones del tóxico se encuentran en la atmósfera, suelos, animales acuáticos y vegetación.
Un estudio en la cuenca del río Caura halló que el 92% de las mujeres examinadas superan los niveles máximos de mercurio.
«El 36,8% de la población femenina estudiada tiene niveles de contaminación tales que presentan riesgos importantes de partos de niños con desórdenes neurológicos», se lee en el texto.
Desplazamiento y migración forzada
El informe asegura que la crisis sociopolítica y la presencia de grupos armados empujan a los indígenas hacia países como Brasil y Colombia. Actualmente, más de 7.000 personas del pueblo Warao se encuentran distribuidas en diversas regiones de Brasil, y señala el hambre, la falta de servicios de salud y la invasión de tierras como motores de este éxodo.
La represión militar también ha provocado huidas masivas, como la de 900 indígenas pemones hacia Brasil en el año 2019. En la frontera con Colombia, los indígenas migran temporalmente para obtener ingresos o atención sanitaria básica.
Negación de pueblos en aislamiento
El documento afirma que el Estado venezolano mantiene el criterio de «negar de forma expresa la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario». Sin embargo, confirma la presencia de grupos Jödi, Yanomami, Uwottüja y E’ñepá en esta condición. Estos grupos rechazan el contacto para preservar su cultura y evitar la propagación de enfermedades externas.
Destaca que la falta de reconocimiento estatal impide implementar medidas específicas para proteger sus derechos y territorios y advierte que los grupos ilegales invaden estos hábitats, actuando como transmisores de enfermedades y destructores del entorno.
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