En horas de la mañana de este viernes 12 de agosto, familiares de los activistas políticos Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Emilio Negrín. que fueron detenidos hace más de un mes, protestaron frente a la sede del PNUD en Caracas para exigir su liberación.
Diannet Blanco, pareja de Gabriel Blanco, manifestó que el grupo de familiares de estos nuevos políticos pide al PNUD que active mecanismos que permitan que estos activistas presos sean liberados. Expresó que su esposo tiene 37 días detenido en la PNB de La Yaguara, acusado de asociación para delinquir y conspiración
Manifestó que Gabriel Blanco ha trabajado en defensa de los derechos laborales y el respeto de los DDHH, así como también dijo que gracias a su desempeño probo en estas actuaciones es que se constata que no es ningún delincuente.
Los que participaron en la protesta, obstaculizaron parcialmente la avenida Francisco de Miranda aprovechando el semáforo en rojo para hacer sentir sus expresiones de queja.
El partido político Bandera Roja emitió un comunicado a principios de julio para denunciar que, desde el lunes 4 de julio, sus militantes han experimentado una fuerte persecución por parte de la administración de Nicolás Maduro y los cuerpos de seguridad del Estado por haber «desenmascarado sus políticas antiobreras y antinacionales».
A su juicio, el hecho de que se esté registrando una persecución y la detención arbitraria de varios integrantes de Bandera Roja, deja al descubierto que hay una «enorme debilidad» por parte de quienes ostentan el poder y evidencia un Ejecutivo que está «agónico».
Luego, el Tribunal 4to de Caracas con competencia en Terrorismo, dictó la noche del sábado 9 de julio, privativa de libertad para los activistas del partido político Bandera Roja; así como también para el defensor de derechos humanos, Gabriel Blanco
La gestión de Maduro insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reuniones pacíficas y el ejercicio de la libertad sindical, garantizados en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, la Constitución Nacional y la legislación vigente.
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