El Ministerio Público constituyó una Fiscalía Nacional con competencia en Corrupción en el Palacio de Justicia de Caracas, para investigar presuntas irregularidades cometidas por jueces, dijeron fuentes del sistema judicial.
Uno de los hechos a investigar es la libertad concedida el pasado 26 de Agosto a cinco privados de libertad, por el juez Alirio Domingo Alayón quien estaba de suplente en el Tribunal 38 de Control de Caracas.
Los imputados se encontraban recluidos en la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en La Yaguara, municipio Libertador, Caracas.
En ese sentido, la Fiscalía investiga a los funcionarios policiales que estaban de guardia ese 26 de Agosto, cuando materializaron la libertad de los cinco imputados.
Al parecer, los uniformados se saltaron el protocolo y liberaron a los cinco sin la debida boleta de excarcelación expedida por el tribunal y firmadas por el Circuito Judicial Penal de Caracas, explicó la fuente. “Los liberaron solo con un oficio”, explicó el informante. “Los uniformados reconocieron que no debieron dar la libertad solo con el oficio”, acotó la fuente.
Las cinco libertades fueron aprobadas el mismo día en que el Ministerio Público solicitó vía acusación, el enjuiciamiento de esas personas.
El asunto se torna más irregular cuando los funcionarios policiales telefonearon a una abogada que ya no trabajaba en el Circuito Judicial Penal y ésta les dijo que le dieran libertad a los cinco imputados, quienes están procesados por el delito de robo agravado.
Al tener conocimiento de tal situación, las autoridades del Circuito Judicial Penal Caracas reportaron el hecho a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La jueza Garrido
En otro hecho, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia removió a la jueza Luisa René Garrido, quien tenía a cargo dos juzgados: 52º de Control y 3º Antiterrorista de Caracas, según resolución.
La decisión de la Comisión Judicial se produjo el pasado 15 de Agosto, cinco días después que Garrido acordara designar una junta Ad-hoc en la empresa ICM Proyectos 2021, compañía aliada de la estatal Petropiar.
Garrido acordó esa junta Ad-hoc por petición de un demandante, quien es presuntamente socio de Carlos Vechio, autodenominado “embajador” de Venezuela ante Estados Unidos.
Después que Garrido firmó esa decisión, tomó un reposo por cinco días. El juez José Márquez, quien la sustituyó de manera provisoria en el Tribunal 3º Antiterrorista, revocó la junta Ad-hoc a petición de los socios de la empresa ICM, quienes adujeron que tal decisión mantenía paralizada a la compañía.
Paralelo a ello, la Fiscalía solicitó el expediente de ese caso, para proseguir las investigaciones.
Notiveraz