El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reiteró este lunes al gobierno del presidente Nicolás Maduro que el tribunal abrirá una oficina en Venezuela para «cooperar» en la investigación de violaciones a los derechos humanos.
«Después de esta reunión estaré abriendo una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no trabajo ilegalmente ni clandestinamente. En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina por el apoyo y acuerdo con Venezuela», dijo Khan desde el Parlamento venezolano.
«Seguiremos trabajando, haciendo lo que decimos que estamos haciendo, que es trabajar de forma independiente, imparcial, sin segundas intenciones, para que la ley, por la gracia de Dios, reine eficazmente», añadió.
Khan, que más temprano se reunió con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, afirmó que el foco de sus investigaciones son los «crímenes que pueden constituir genocidios, crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad».
Su visita ocurre luego que el pasado 1° de marzo la CPI rechazara el recurso de apelación de Venezuela sobre la investigación que adelanta por crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones antigubernamentales de 2017 que dejaron unos 125 muertos.
Caracas considera que es una «decisión infundada», al argumentar que el tema debía dirimirse en el sistema judicial del país.
El tribunal inició en 2018 un examen preliminar a Venezuela tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación en Venezuela. El examen pasó a convertirse en investigación formal en noviembre de 2021, tras la primera visita oficial de Khan a Caracas.
En esa oportunidad, Khan y Maduro acordaron una oficina de asistencia técnica de la CPI en Venezuela y firmaron un memorando de entendimiento para que Venezuela adoptara «medidas» destinadas a garantizar «la administración de justicia».
La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
«Creo que hay unidad en una verdad central: que las oscuras nubes de sospecha sobre las acusaciones no se disiparán sin la suave brisa o los vientos de investigaciones creíbles», apuntó Khan.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, le dijo a Khan que el país ha tenido «grandes avances» en derechos humanos. Desde 2017, aseguró, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados por violaciones de derechos humanos.
De estos, 1.021 agentes «se encuentran presos», 580 han sido condenados y otros 524 tienen órdenes de aprehensión, detalló Saab.
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