Tarek William Saab, fiscal de Nicolás Maduro, anunció que solicitó una reunión a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) .
Se trata de «una reunión con las partes», a propósito del examen preliminar del que Venezuela es objeto. Esto por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El Ministerio Público pidió a la Sala que, «de conformidad con la norma 30 del Reglamento, convoque a una reunión entre las partes. La finalidad es poder debatir sobre un proceso justo e igualitario como Estado objeto de un examen preliminar», escribió Saab en Twitter.
Informó, además, que «ha presentado un escrito que complementa la acción presentada el pasado 25 de mayo».
Saab entregó el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI. En la misiva se quejaron de trato «discriminatorio» y «desigual» respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar.
Lo que dijo Bensouda
Ante este reclamo la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, dijo, que no podía «ignorar» la petición. Indicó que presentó una respuesta incluyendo «ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo».
«Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta», aseveró la fiscal jefa del tribunal de La Haya, señaló Efe.
Aunque Venezuela anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial. Se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces y el plazo que necesitan para el análisis correspondiente.
Bensouda espera anunciar si abre o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Lo hará tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud, algo que confía en que suceda «en cuestión de días».
La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela. El proceso es por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad. Se trata del examen de las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 y de la situación de algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
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