La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, manifestó este martes 8 de junio que espera en «los próximos días» anunciar si se abre o no una investigación en Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, tan pronto como ese tribunal atienda una solicitud hecha por la administración de Nicolás Maduro.
El gobierno de Maduro presentó una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI argumentando trato «discriminatorio» y «desigual», argumentando que el caso venezolano ha sido atendido con relativa rapidez sobre denuncias que llevan más tiempo como Colombia.
Al respecto, Bensouda dijo que no podía «ignorar” la reclamación de Caracas y presentó una respuesta incluyendo “ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo”, mientras subrayó que es «incorrecto» decir que la Fiscalía no se ha involucrado con el caso, de falta de transparencia y que no se ha dado información.
Fatou Bensouda, que fue entrevistada por la agencia EFE, aseveró que la decisión está a la espera de los jueces y ratificó que estima que antes del 15 de junio pueda dar respuesta sobre el caso en Venezuela, que estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas en manifestaciones y cárceles desde al menos abril de 2017.
A su juicio, las pesquisas de la Fiscalía de la CPI han avanzado de forma significativa.
Por otro lado, la Fiscalía de la CPI tiene abierto un segundo examen preliminar, impulsado en 2020 por el Gobierno de Nicolás Maduro, en el que se acusa a Estados Unidos de crímenes de lesa humanidad por las sanciones económicas impuestas a Venezuela.
Bensouda explicó que los dos expedientes sobre el país caribeño se han tramitado hasta el momento por separado, pero que esto “podría cambiar” en un futuro porque ambos “parecen superponerse, al menos tanto en términos geográficos como temporales”.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, será relevada por el británico Karim Khan para los próximos nueve años, periodo que iniciará el 15 de junio.
El caso en la CPI ha sido seguido de cerca por activistas de DDHH, opositores y la comunidad internacional.
Recientemente, Argentina -bajo el gobierno de Alberto Fernández- decidió retirarse de la demanda interpuesta en 2018 por varios países, entre ellos Colombia, para denunciar a la administración de Maduro por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad desde 2017, cuando en Venezuela se registraron las protestas antigubernamentales.
El director de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, considera que el retiro de Argentina a la demanda introducida contra la gestión de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por varios países que «no tiene ninguna influencia» en el proceso que se sigue en La Haya y dijo que existen evidencias «sólidas» y «contundentes» de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Afirmó que la CPI debe tomar, probablemente a mediados de junio, una decisión «trascendental» de abrir formalmente una decisión contra Maduro. Subrayó que si esa instancia internacional decide avanzar con el proceso, sería la primera vez que un presidente latinoamericano cae en un proceso como este.
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