Las llamadas para avisar la tan anhelada visita todavía no llegan en el caso de algunos dirigentes políticos bajo arresto tras las elecciones presidenciales. Los rumores son los que indican el estado de salud, informaciones sobre el proceso judicial o alguna novedad.
En el caso de algunos activistas, la orden depende de los directores de los centros de reclusión, no de tribunales o el Ministerio de Servicio Penitenciario.
«Estamos esperando la fulana llamada, porque la dinámica es que me tienen que llamar uno o dos días antes para saber que mi esposo tendrá visita (…) Lo que me dicen es que espere otra semana, sencillamente me marean y me dicen que tengo que estar tranquila, que tengo que entender que él está bien y no es un centro de torturas y ellos están casi como unos reyes, según ellos», dice Aurora Silva sobre la situación de su esposo, el dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano.
Este sábado 16 de noviembre Superlano cumple 109 días detenido y sin visita de sus familiares. El coordinador político nacional de VP fue detenido de forma arbitraria el 30 de julio tras una persecución al este de Caracas. Estuvo ocho días bajo desaparición forzada hasta que a sus familiares se les confirmó que estaba detenido en El Helicoide, una de las sedes principales del Sebin en Caracas.
«El primer documento que se introdujo fue tres días después de la detención en el Ministerio Público y fue el único que recibió respuesta, tres semanas después. En ese documento se exigía una fe de vida. Me dijeron que ese documento no procedía porque ya había sido presentado en tribunales, aunque nosotros no teníamos información oficial, durante los primeros días de agosto de forma telemática», explica Silva.
Junto a su abogado, Joel García, han asistido a la Defensoría del Pueblo haciendo distintos llamados, pero hasta ahora no los han recibido o sencillamente no obtienen respuesta a sus demandas. «Obviamente yo apelo por la libertad de mi esposo, pero en este momento solicito que no le sigan violando el derecho a la visita o a la defensa privada».
«El primer documento que se introdujo fue tres días después de la detención en el Ministerio Público y fue el único que recibió respuesta, tres semanas después. En ese documento se exigía una fe de vida. Me dijeron que ese documento no procedía porque ya había sido presentado en tribunales, aunque nosotros no teníamos información oficial, durante los primeros días de agosto de forma telemática», explica Silva en conversación con al medio TalCual.
Junto a su abogado, Joel García, han asistido a la Defensoría del Pueblo haciendo distintos llamados, pero hasta ahora no los han recibido o sencillamente no obtienen respuesta a sus demandas. «Obviamente yo apelo por la libertad de mi esposo, pero en este momento solicito que no le sigan violando el derecho a la visita o a la defensa privada».
«La única respuesta que me dan es de boca, me dicen (en tribunales) que mi esposo tiene autorizada la visita desde el día 1. Yo llego al Helicoide y ahí me dicen (los custodios) que ciertamente es su derecho, ellos lo aceptan, pero que ahí en El Helicoide deben esperar a que le autoricen la visita», dice.
Esa decisión, insiste Silva, depende del propio director del Helicoide.
«La única información que tengo son de personas que ingresan a visitar a otros presos, lo han visto de lejos y me han dicho que lo ven bien, además de la información que dan los custodios que, imagino, es lo que les permiten decir. Que él se encuentra bien, que él está tranquilo y que esté tranquila yo, pero eso no es garantía de nada. Yo sigo exigiendo le permitan la visita, él tiene derecho a eso. Prácticamente yo tengo que esperar a que el director del Helicoide le provoque darle la visita a él», relata.
Presos y aislados de su familia
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente del Foro Penal, señala que el aislamiento «es la constante» entre los detenidos por razones políticas en el país, no solo de aquellos que tienen un perfil político. «Es decir, el simple hecho de pertenecer a una organización partidista política no es lo que determina si te permiten o no la visita de sus familiares».
«Desde el 28 de julio hasta la fecha están limitadas las comunicaciones de los presos con sus familiares y abogados. Las pocas veces que se ha producido la comunicación es escueta y limitada», menciona.
Esto se refleja en cárceles como Tocorón, Tocuyito o Yare III, donde se encuentra la mayor cantidad de personas arrestadas. Las visitas o paquetería son suspendidas a voluntad de las autoridades. Apenas cuentan con 10 o 15 minutos para conversar, siempre en presencia de custodios. En algunos lugares, los encuentros se hacen detrás de un vidrio.
Joel García, especialista en derecho penal y defensor de derechos humanos, recuerda que algunos presos políticos aprehendidos en el contexto poselectoral, como en los casos de Freddy Superlano y Roland Carreño, son personas que hasta la presente fecha, después de más de 100 días, no han recibido visita de familiar alguno.
«Esto por supuesto es una vulneración a sus derechos, porque esa incomunicación trastoca el derecho que tiene una persona que está detenida a comunicarse con sus familiares o abogados de confianza», señala García.
Joel García, especialista en derecho penal y defensor de derechos humanos, recuerda que algunos presos políticos aprehendidos en el contexto poselectoral, como en los casos de Freddy Superlano y Roland Carreño, son personas que hasta la presente fecha, después de más de 100 días, no han recibido visita de familiar alguno.
«Esto por supuesto es una vulneración a sus derechos, porque esa incomunicación trastoca el derecho que tiene una persona que está detenida a comunicarse con sus familiares o abogados de confianza», señala García.
Hasta la fecha, los motivos de las prohibiciones se desconocen. Joel García dice que «son motivos que el tribunal también lo ignora. El tribunal dice que eso es responsabilidad del centro de reclusión, y el centro de reclusión siempre alega que está en un periodo de adaptación. No sabemos cuánto tiempo es ese tiempo de adaptación y tampoco sabemos cuáles son los criterios que privan para permitirle visitas a unas personas y a otras no».
Ese aislamiento e incomunicación que están sufriendo estas personas atentan incluso contra la dignidad humana, afirma el profesor universitario. «En el caso de Freddy Superlano que tiene unos niños pequeños, esos niños desconocen la situación en la que se encuentra su papá y al no tener comunicación con sus familiares no sabemos lo que han tenido que pasar. Se especuló mucho sobre una posibles torturas, pero no se sabe. Solo especulaciones porque no se han podido comunicar con ellos».
Freddy Superlano está en la misma causa judicial, según se ha podido conocer, que Roland Carreño, Perkins Rocha, Nélida Sánchez y Ricardo Estevez. Está acusado de varios delitos, entre ellos terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. El Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo ordenó su pase a juicio a mediados de octubre. La esposa del dirigente de Voluntad Popular se enteró por rumores.
Fuente: Tal Cual
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