Familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, exigieron al gobierno de Nicolás Maduro implementar medidas humanitarias o indultos para consumar la salida en libertad de sus parientes.
Este lunes 9 de enero Theresly Malavé, abogada y directora de la organización no gubernamental (ONG) Justicia y Proceso Venezuela, denunció que en la nación aún hay 286 presos políticos. Detalló que de ese total 171 tienen más de dos años detenidos.
Durante una rueda de prensa, Malavé aseveró que la permanencia de ciudadanos por más de tres años tras las rejas es una violación al Código Orgánico Procesal Penal, que en su artículo 230 establece que un tiempo máximo de privación de libertad preventiva de tres años.
Explicó que todas estas personas pueden estar en libertad por decaimiento de la medida. Precisó que hay aprehendidos por razones políticas que esperan juicio desde hace nueve y hasta siete años.
La defensora de los derechos humanos apuntó que del total de los presos políticos 13 son mujeres civiles y cinco son militares. «Están presas por ser hermanas o amigas o por estar en el directorio telefónico de un investigado por temas políticos», reclamó.
Precisó que 117 de los detenidos son hombres civiles y 151 militares. Mencionó que 35 son ciudadanos que padecen enfermedades graves y que de no ser atendidos pueden morir.
Señaló que los tribunales no han concedido ni una medida humanitaria a privados de libertad que tienen estos padecimientos. Cuestionó que el Estado, «que no puede proveerles de salud, tampoco les de su libertad».
La defensora de derechos humanos Yajaira Castro abogó por medidas humanitarias o indultos para consumar la liberación de los presos políticos.
«No queremos que pasen a formar parte de la lista de presos políticos que han muerto estando en custodia del Estado. Para poder liberar a los presos políticos hay fórmula alternativas. Está en las manos del Gobierno porque ni siquiera de los jueces.
Hay 103 presos políticos condenados y que le corresponden las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena.
«En 2023 tuvimos la esperanza de que se dieran más liberaciones. Aún nos faltan. De los cuales no son solo ellos, sino también 286 familiares que deben estar pendientes de ello, que tienen que proveerles desde la alimentación hasta los medicamentos.
Afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro es el único que puede liberar a los presos políticos y subrayó que hay un abanico de mecanismos para hacerlo. «No queremos que pasen a formar parte de la lista de personas que murieron en custodia del Estado».
Las defensoras de los derechos humanos dijeron que se desconoce por qué el gobierno de Nicolás Maduro paralizó las liberaciones de presos políticos, que se dieron en diciembre, cuando se produjo el canje por el empresario barranquillero Álex Saab, acusado de lavado de dinero.
Al ser preguntadas sobre las condiciones en las que los ciudadanos salieron excarcelados, señalaron que la situación «es terrible» porque al cumplirse casi un mes desde que salieron de la cárcel no se conoce cuáles fueron los parámetros de la excarcelación. Denunciaron, además, que a muchos no les dieron el oficio del Sipol y viven momentos incómodos y de vejación en alcabalas policiales.
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