El gobierno de Nicolás Maduro intenta quitarse de encima las investigaciones sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) sin conseguirlo, y su última estrategia es condicionar el diálogo político con la oposición al cese de las indagaciones por parte de la corte.
La cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, aseguró que no es posible detener una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad como consecuencia de un acuerdo político.
“La CPI es un organismo judicial internacional totalmente independiente. Las investigaciones del fiscal (Karim Khan) y las decisiones jurisdiccionales no están sujetas a negociaciones políticas de tipo alguno (…). No es posible que eso ocurra o, dicho de otra forma, es imposible que se detenga la investigación por acuerdos políticos”, precisó la también abogada en una consulta que le hizo El Pitazo.
El codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, coincidió con Tineo. Aclaró que la suspensión de la investigación no es un tema político sino jurídico.
Los defensores de derechos humanos hacen la aclaratoria luego de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, quien exigió la suspensión de las investigaciones del tribunal internacional sobre Venezuela. Esto, como una mínima condición para fomentar el diálogo.
Según Daniels, existe una muy mínima posibilidad de que se pare la investigación. Esto sería por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de Roma.
Lo que estipula ese artículo es que el Consejo de Seguridad podrá pedir a la corte que suspenda, por un plazo que no podrá exceder de doce meses, la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado. “La corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones”, finaliza el artículo.
A juicio del defensor de derechos humanos, actualmente no están dadas las condiciones para que ese supuesto pueda darse debido a la imposibilidad que ha tenido el Consejo, en los últimos años, para hablar sobre el tema venezolano.
“Dudamos de que pueda darse el consenso necesario para que esa decisión, que debe ser tomada de manera concurrente por todos los miembros del consejo, pueda darse (…). Como digo, es una posibilidad, pero para nosotros es muy remota”.
La Corte Penal Internacional publicó el 21 de abril un informe que documenta la participación de 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones para apoyar la reanudación de la investigación de su Fiscalía General sobre Venezuela.
Todo el material que aportaron las víctimas y la documentación que envió el gobierno de Maduro lo analizará la Sala de Cuestiones Preliminares, que será la que dicte una sentencia sobre la reanudación de la investigación.
El también abogado recalcó sobre el proceso que la decisión de retomar la investigación ya no es ni siquiera una competencia del fiscal Karim Khan y que las pruebas aportadas junto con la posición de las víctimas es lo único que servirá a la sala para dictar si procede o no el caso.
Por otro lado, la abogada Martha Tineo resaltó que el fiscal Khan ha explicado que su decisión de abrir una investigación a Venezuela no sólo fue producto de la denuncia de un grupo de países que remitió el caso en 2018, sino que, además, es consecuencia de un estudio exhaustivo de casi tres años.
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