Han transcurrido más de 850 días desde la detención del coronel retirado de la Guardia Nacional (GN) Oswaldo García Palomo, ocurrida el 27 de enero de 2019 en Barinas, acusado de delitos de rebelión, asociación para delinquir, traición a la patria y de ser quien supuestamente dirigió el atentado con drones cargados de explosivos contra Nicolás Maduro.
García Palomo está recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y, desde entonces, las denuncias de su esposa, Sorbay Padilla, exigiendo el respeto de los derechos humanos del coronel no han cesado.
“El tiene cuatro meses que no se le permiten las visitas ni nada. Cuando llegan a visitarlo dicen ‘No, él no tiene visitas porque está castigado’. No hemos podido constatar su estado físico. Le permiten llamadas una vez a la semana de cinco minutos, donde no se puede saber nada porque están controladas; pero tampoco son constantes”, expone Padilla con desespero ante la ausencia de información de su esposo.
“No se conoce el motivo por el que se le suspendieron las visitas”, afirma Emilio Bolívar, uno de sus abogados, quien añade que ni a la defensa, que también está a cargo de Alonso Medina Roa, le dan información al respecto. También enuncian que durante ocho meses han intentado incorporar a la defensa al abogado Guillermo Heredia, pero en la Dgcim no le han permitido a García Palomo firmar el acta de designación.
Los únicos autorizados para visitarlos son unos compadres, que Bolívar dice son personas mayores, pues la única hermana que tiene en el país vive en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y por las restricciones de la pandemia del coronavirus se le dificulta el traslado a Caracas. El resto de la familia el coronel tuvo que huir del país para resguardar sus vidas tras las persecuciones y torturas a las que fueron sometidos. Su esposa e hijos residen en Canadá.
La última vez que Emilio Bolívar lo vio fue en octubre de 2020. Desde el inicio de la pandemia sus compadres lo han visto como en cuatro oportunidades, “pero prácticamente en lo que va de año no los han dejado acceder nuevamente a él”, añade el abogado.
Las torturas
Al coronel García Palomo también se le acusa de tener participación en la “Operación Armagedón”, un supuesto plan para dar un golpe de Estado a Maduro en 2018 y evitar la realización de las elecciones presidenciales de mayo de ese año; lo que trajo consigo hostigamiento hacia sus allegados.
La casa del coronel fue tomada por funcionarios de la Dgcim. Ocho familiares fueron apresados por ocho días y a todos se les violaron sus derechos fundamentales.
Sin embargo, el abogado Bolívar asevera que no hay pruebas contundentes que demuestren su responsabilidad en los casos que se le acusan. “Ellos venían desarmados y (en el expediente) aparecieron armas y otras cosas que les sembraron. El escrito fiscal tiene 67 elementos que lo incriminan, hicieron allanamientos y no hay nada que lo vincule”, sostiene.
“La violación a los derechos humanos de mi esposo ha sido reiterada. A mis hijos y a mí nos sacaron de la casa, nos llevaron a una casa de tortura y nos torturaron. Mi casa fue desvalijada cinco veces; a pesar de que a él lo tienen secuestrado; todo es en detrimento de él”, enumera su esposa.
Sorbay Padilla cuenta que su esposo también ha sido metido varias veces en una celda de castigo llamada “La casa de las muñecas”, mejor conocida como “El Tigrito”. Describe que es tan pequeña que es del tamaño de los hombros de su esposo, quien mide casi un 1,90 m, donde solo se puede estar parado o agachado.
La última vez que ella supo que estuvo allí fue hace más o menos mes y medio tras discutir con alguien; lo que también conllevó suspensión de las llamadas. “¿Qué más castigo que estar preso para que te castiguen más ahí adentro?”, se interroga Sorbay Padilla.
La celda de reclusión de García Palomo mide cuatro metros cuadrados y tiene una puerta de seguridad. Está en el último sótano de la Dgcim, debajo de 14 calabozos, donde hay dos más, es llamada “La casa de los sueños”. En ella hay tres presos, solo una litera y no hay ventilación. La luz es artificial y jamás es apagada. “Está en la peor, en la peor”, asevera Padilla desconsolada.
Oswaldo García Palomo tiene 54 años y aunque todos los presos mayores de 50 años fueron mudados a otra área de la Dirección General de Contrainteligencia Militar tras la muerte de un hombre supuestamente contagiado con covid, el coronel es el único con esa edad que permanece en el lugar.
25 kilos menos
La pandemia por el coronavirus trajo más complicaciones a los presos, pues no solo le prohibieron las visitas durante los primeros meses del confinamiento, sino que también se les negó el ingreso de alimentos.
Sorbay Padilla relata que tras este episodio, el coronel García Palomo perdió unos 25 kilos de peso. “Ni comida les daban, tampoco permitían que se les mandara alimentos ni nada. Fue terrible”, describe la mujer, quien fue notificada por sus visitantes, quienes dijeron que quedaron impactados al ver el estado de Oswaldo García.
Padilla aprovecha la oportunidad y también alza la voz por los demás presos políticos que están en la Dgcim. Cuenta que no solo fue su esposo el que perdió peso, sino que todos los reclusos también estaban muy flacos. Indica que en esos calabozos hay “personas enterradas” a las que nadie les lleva nada porque tienen a sus familiares en Amazonas, Zulia o en otros lugares muy lejanos y pobres “y nadie los menciona”.
En este sentido, su abogado Emilio Bolívar confirma que su defendido sí perdió bastante peso y que solicitó hacerse un chequeo médico; lo cual fue notificado verbalmente a los custodios, “pero hasta ahora no se le ha practicado ningún examen”, lamenta.
En el último informe que entregó Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, el pasado 10 de marzo de este año, muestra preocupación por el estado de salud de dos militares encarcelados en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“El capitán Luis de la Sotta y el coronel retirado Oswaldo García Palomo, por ejemplo, siguen teniendo una salud frágil y en condiciones de detención espantosas, y presuntamente siguen sometidos a torturas u otros tratos crueles”, señala el informe.
“Te podrás imaginar la angustia que tenemos nosotros”, comenta Sorbay Padilla tras la desesperante situación de reclusión del coronel García Palomo.
El nuevo decreto de enviar a los presos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a cárceles comunes y la posibilidad de que Oswaldo García Palomo sea uno de los trasladados es una nueva angustia que se le suma a sus familiares, pues son más las dudas que las certezas al respecto.
“Ellos son presos políticos, no son presos comunes, y para nadie es un secreto cómo están las cárceles en Venezuela, las condiciones y calificaciones. Eso es muy preocupante, realmente no sabemos cómo va a pasar esto”, condena Padilla mientras expone que, en todo caso, los militares deben ser llevados a Ramo Verde y dejar a su esposo en libertad “porque no ha matado a nadie”.
Sobre este tema, Emilio Bolívar expone que el traslado de García Palomo a una cárcel común es “riesgoso, pues a pesar de que las sedes de estos organismos (Dgcim, Sebin y FAES) no están preparadas para esto, ellos están ahí custodiados con un nivel”.
Sorbay Padilla, esposa del coronel Oswaldo García Palomo, se aferra a la fe en Dios que tienen ella y su esposo para confiar en que la justicia llegará. “No sé de dónde va a venir, pero Dios la va a conceder”.
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