El magistrado español Ismael Moreno ha dado el primer paso para enviar al banquillo a Duro Felguera y un total de doce personas (entre ellas su expresidente y el que fuera consejero delegado) por los delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. El instructor zanja de esta forma seis años de investigación por el presunto pago de mordidas para adjudicarse un megaproyecto en Caracas.
En el auto, que avanza Vozpópuli, el magistrado de la Audiencia Nacional explica que atiende la solicitud formulada la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción de actuar contra una docena de personas por estos hechos. Así, da el primer paso para juzgar al presidente de la asturiana Juan Carlos Torre Inclán, al exCEO Ángel Antonio Suárez del Valle; al presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios, y a una serie de exaltos cargos del gobierno venezolano entre los que se encuentran el que fuera viceministro de Energía Nervis Villalobos.
Del mismo modo actúa contra Duro Felguera, la UTE Termocentro con la que se adjudicó el proyecto venezolano de 1.500 millones de dólares y también contra Terca. Esta firma se habría utilizado para, mediante contratos ficticios de asesoramiento, facilitar el presunto desvío de más de 100 millones de dólares en mordidas con el fin de garantizarse la adjudicación.
Fin del caso ‘Duro Felguera’
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 atiende de esta forma el requerimiento formulado por Anticorrupción, y que desveló este medio, al considerar que los indicios recabados estos años probarían la adjudicación irregular que se formalizó en 2009. Según relata el auto, Rafael Ramírez –expresidente de PDVSA y uno de los hombres fuertes del chavismo- fue el que consiguió que se designara a Duro Felguera para el ambicioso proyecto energético de Caracas.
Todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada en la adjudicación de la construcción. A cambio se habrían abonado 105 millones de dólares en mordidas
Ésta, a cambio, se habría comprometido a «realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación». Al respecto sostiene que Del Valle y Torres Inclán fueron los que decidieron dichos pagos. Para ello la UTE construida firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con los que se buscaba encubrir el pago de comisiones y sobornos a sus destinatarios.
105 millones de dólares en mordidas
Al respecto, los investigadores apuntan a un desembolso total de 105 millones de dólares divididos en tres entregas. La primera de ellas fue de 25 millones de dólares y se formalizó en diciembre de 2008 mediante un contrato entre Duro Felguera y Terca, firma de Luis Barrios. Se justificó aludiendo a un presunto contrato de asesoramiento en caso de que Duro Felguera quisiera arrendar la maquinaria de la estatal La Electricidad de Caracas para este proyecto.
Sin embargo, tanto el magistrado como Anticorrupción sostienen que en realidad Terca actuó como «tapadera para ocultar los sobornos» que irían dirigidos a los altos funcionarios de Venezuela. Según argumentan Barrios actuó como «testaferro» de Nervis Villalobos porque éste, de acuerdo con las normas internas de Duro Felguera, no podía aparecer en el contrato por incompatibilidad por su función como antiguo viceministro de Energía.
El segundo contrato se materializó también en diciembre de 2008 entre Duro Felguera y Terca. En las facturas que esta última emitió a la UTE Termocentro se hizo figurar como «concepto ficticio» que se trataba de asesoramiento. El monto total de este segundo acuerdo ascendió a 53,9 millones de dólares y se abonó entre ese año y 2011 a cuentas bancarias de Terca abierta en Suiza.
El tercer y último contrato se suscribió en abril de 2011 y en este caso ya participó directamente Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía C.A (Ingespre) de Villalobos. El juez sostiene que, como habían transcurrido los años de incompatibilidad marcados por Duro Felguera, ya podía mediar en la transacción sin necesidad de contar con Terca. Por eso Barrios cedió su posición a favor de Villalobos «sin recibir indemnización alguna». Por este último se abonaron 26,7 millones de euros.
Blanqueo de los fondos
El juez atribuye también a los procesados delito de blanqueo de capitales. Anticorrupción desgranó no solo el destino final de las millonarias cuantías que salieron de Duro Felguera, sino también cómo algunos de los beneficiarios las afloraron mediante la compra de mansiones y plazas de aparcamiento en España y también en participaciones de sus sociedades.
Así, consta que las partidas que salieron de Duro Felguera fueron a parar a cuentas de Terca y desde éstas, a su vez, a otras abiertas en Mónaco o Suiza. Fueron receptores, además de los arriba mencionados, los también procesados: Luis Carlos de León (exdirector de una filial de PDVSA); su mujer Andreina Gámez Rodríguez; Julia Elba Van Den Brule (exdirectiva de una filial de PDVSA) y Javier Alvarado Ochoa.
Al respecto, los investigadores destacan que Banque Safdié llegó a cancelar sus relaciones con los titulares de las cuentas relacionadas con Barrios, Villalobos y Carlos de León, «dada la opacidad y falta de concreción en las justificaciones presentadas, con relación a sus operaciones financieras».
10 días de plazo
Al hilo destacan que gran parte de los fondos en ‘B’ se habrían blanqueado en activos inmobiliarios en España. Barrios adquirió un inmueble en el residencial Los Madroños de Alcobendas (Madrid) por 727.600 euros. Elba Van Den Brule hizo lo propio con una casa al sur de Madrid por la que pagó 653.000 euros, mientras que Luis Carlos de León y su mujer compraron en 2014 una mansión en La Moraleja por 4,6 millones de euros.
Con todo, el juez, de acuerdo con lo solicitado por Anticorrupción, archiva las diligencias para un colaborador general de Duro Felguera y el que fuera director en 2007 de la UTE Termocentro al considerar que, aunque están vinculados con alguna práctica irregular, su actuación no alcanza relevancia penal porque no conocían el auténtico contexto de sus acciones y carecían de poder de decisión.
La Fiscalía pedía también el archivo para otras cinco personas, si bien el juez recuerda que para ellas la causa estaba ya sobreseída. Así pues, ahora da un plazo de 10 días a las partes para que formulen, o bien por escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral contra los investigados del caso ‘Duro Felguera’ o bien el sobreseimiento de las actuaciones.
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