El exalcalde Antonio Ledezma indicó el domingo 6 de octubre que el Gobierno de España admitió a un grupo de venezolanos procedente de Islandia y dijo que los migrantes fueron obligados a firmar unos presuntos «retornos voluntarios» para devolverlos al país.
A su juicio, la acción de las autoridades islandesas es violatoria al principio de no devolución que tienen todos aquellos que solicitan asilo en un país. Por eso, denunció que a estas personas se les negó su derecho a la protección internacional.
Ledezma, en redes sociales, señaló que los abogados de este grupo de migrantes venezolanos iniciarán en España un proceso de solicitud de protección internacional, aunada a la denuncia de la violación del Tratado de Dublin, el cual establece qué país en concreto es responsable del examen de su solicitud de asilo, lo que quiere decir que se podrá proceder a su traslado a un país diferente que sea responsable del examen de su solicitud.
Tras la llegada de 180 venezolanos desde Islandia el pasado 15 de noviembre de 2023, luego de que se les negara la solicitud de asilo en ese país y haber recibido malos tratos por parte de las autoridades venezolanas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, han surgido varias interrogantes sobre la situación de estos connacionales, de otros que siguen en esta nación nórdica y corren la misma suerte, además de la ausencia de información que crea una especie de «zona gris».
En entrevista al medio TalCual, Ligia Bolívar, Huáskar Vásquez, quien pertenece al Comité de Planificación del Grupo Ad Hoc de Defensa de los Derechos Humanos de los Venezolanos en Islandia, asegura que, pese a que estos venezolanos que retornaron desde Islandia lo hicieron por «motivación propia», el trasfondo «es que en realidad quieren (autoridades islandesas) que los venezolanos se vayan voluntariamente», por eso ofrecen un incentivo de poco más de 2.000 euros para que vuelvan a su país; bien sea porque decidieron no apelar a la negativa del asilo y otros porque consideran que la respuesta demora mucho tiempo.
Sobre esta medida, Ligia Bolívar, especialista en derechos humanos y coordinadora de Alerta Venezuela, y explica que «no es una deportación, pero tampoco es fácil calificarlo como un retorno voluntario porque a ellos se les niega el refugio y las condiciones para permanecer allá son muy adversas». Enfatizó entonces que el regreso de estos venezolanos «no cabe dentro del Vuelta a la patria», como el Gobierno lo quiere hacer ver, incluso con los deportados desde Estados Unidos.
Huáskar Vásquez añade que el retorno voluntario desde Islandia se hizo «bajo presión psicológica y otros factores».
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