Nicole Chocron Obadia, directora, presidenta y fundadora de la fundación CIBI, fue detenida y acusada de dirigir una presunta estafa millonaria utilizando a su organización como «enganche» para donaciones y aportes a los niños con cáncer.
Al parecer, Chcrón, junto a otros miembros de su familia, recaudaron un millón de euros para luchar contra el cáncer infantil, pero sólo destinaron 4.000 a tal fin. El resto se lo quedaron. Es la última estafa piramidal que han descubierto los Mossos d’Esquadra alrededor de la Fundación CIBI, una obra social con sede en L’Hospitalet de Llobregat que operaba desde 2017 bajo el control de un clan familiar de origen venezolano.
El pretexto de la entidad benéfica era, según su web ya borrada, promocionar y financiar proyectos de apoyo a familias de menores con cáncer, pero acabaron financiándose a sí mismos. Del millón recaudado tenían que haber destinado, como mínimo, un 70%, pero a lo largo de cuatro años sólo donaron el 0,47%: 4.000 euros.
La fundación acumulaba algo más de 12.300 «huchas solidarias» repartidas por España, una especie de cajas para recoger donativos con los que, teóricamente, llevaban a cabo las campañas de ayuda a niños con cáncer y a sus familias. Las situaban en lo que llamaban «red de comercios solidarios», una lista de tiendas, asociaciones y hospitales que les dotaban de espacio para colocar las huchas. Además, promocionaban una cuenta corriente para microdonaciones y una cuota mensual. Casi todo el dinero fue desviado a sus bolsillos.
Chocron, casada con un empresario barcelonés, fue detenida el 14 de junio junto a otros dos miembros del patronato de CIBI, ambos de su familia. Un cuarto implicado se encuentra en paradero desconocido, posiblemente fuera de la Unión Europea.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, ha decretado cautelares sobre el patrimonio de los investigados, ha bloqueado sus cuentas corrientes y ha suspendido de forma cautelar la inscripción de CIBI en el Protectorado de Fundaciones. Tras pasar a disposición judicial, los tres se encuentran en libertad bajo fianza, con la prohibición de salir de España.
El método de estafa
No siempre fueron de cara. Inicialmente, la familia de Nicole se dedicaba a sustituir las huchas de otras fundaciones por las suyas, revisarlas y quedarse con el dinero: los donantes no percibían el cambiazo y se pensaban que estaban donando a otro sitio. Con el tiempo decidieron crear una fundación propia, CIBI, para no depender de nadie más.
El modus operandi cambió entonces, cuando iniciaron la fundación en 2017. Abrieron una cuenta corriente para las donaciones online y establecieron un sistema de cuotas mensuales en su página web; en paralelo, crearon sus propias «huchas solidarias» ó «espirales de recaudación».
Se trataba de unas cajas de 90×90 y 61 centímetros de alto que instalaban en su «red de comercios solidarios», una especie de club de amigos que abarcaba desde hospitales hasta centros de acogida o tiendas, entre otros. El pretexto, rezaban los contenedores, era contribuir a la lucha contra el cáncer infantil y las familias en exclusión social. Ninguno sabía que les estaban estafando. En el momento en que la cúpula de la fundación fue detenida, CIBI contaba con más de 12.300 huchas repartidas por Cataluña, Madrid, Málaga, Zaragoza, Bilbao y Valencia.
Investigación abierta
La investigación, adelantada por la comisaría del distrito de Sant Martí de la capital catalana y la División de Investigación Criminal adscrita a la Unitad Central de Blanqueo y Delitos Económicos, rastreaba la actividad de CIBI desde sus orígenes, en 2017, y los primeros indicios de cambiazo en las huchas de otras fundaciones. La voz de alarma sonó por primera vez un año después, cuando la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa, Aspanogi, altertó de la “falta de transparencia” en el destino del dinero.
De momento, la investigación continúa abierta, ya que los agentes están analizando el material requisado y los ordenadores de la entidad. Uno de los elementos que destaca es que en la sede, donde se contaban el dinero, no había cámaras ni, por tanto, ningún tipo de sistema legal para evitar el fraude. En sus cuentas tenían un millón de euros, pero la policía no descarta que pueda haber más sin declarar.
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