Las balas siguen siendo las protagonistas en los homicidios ocurridos en Venezuela. A nueve años de que el gobierno de Nicolás Maduro promulgara la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones, en el estado Lara se han cometido alrededor de 5108 crímenes con «fuego».
Según fuentes policiales, desde junio de 2013, cuando se promulgó la ley, hasta ahora en la región larense se cometieron 5108 homicidios, en los que las víctimas resultaron heridas con armas de fuego. Las muertes se cometieron en los nueve municipios de la región.
Se supo que en 2013, año en que se promulgó la ley, en la región se registraron 779 crímenes, mientras que en 2014 fueron 750 las víctimas, en el año 2015 fueron 824, mientras que en 2016 fueron 693 y 2017 con 654. A partir de 2018 las cifras de muertes violentas en el estado fueron descendiendo; sin embargo, prevalecía el arma de fuego como la más letal.
En 2018, la vida de 650 personas se apagó por las balas, mientras que en 2019 fueron 368, el siguiente año cerró con 262 y en 2021 se perpetraron 118 homicidios.
Lara ha sido uno de los estados más sangrientos de Venezuela. En 2020, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (Ccspjp), una organización civil mexicana, ubicó a Barquisimeto como una de las ciudades más peligrosas del mundo.
La capital musical de Venezuela, Barquisimeto, por quinto año consecutivo estuvo en la lista de las cincuenta ciudades más violentas del mundo y seis ciudades de Venezuela se ubicaron entre las 50, pero Barquisimeto se ubicó en el número 41 con respecto a homicidios.
Según el estudio en Barquisimeto en 2020, de cada 100 mil habitantes se cometieron 402 homicidios y el cálculo de la población para el análisis fue de 1.095,161, por lo que la ONG le otorgó a la ciudad un puesto en la lista sangrienta. En el año 2015, Barquisimeto estaba entre las 20 más peligrosas.
En 2016, la ciudad crepuscular se posicionó en el número 17, en 2017 bajó al puesto 33, luego en 2018 escaló 16 números para llegar al 17, pero desde 2019 los números han bajado y para ese entonces Barquisimeto se posicionó en 31 de la lista y el año que comenzó la pandemia, cerró en el número 42.
Las ONG como Control Ciudadano y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) han denunciado que la ley no ha dado resultados positivos, pues continúan las cifras rojas.
Las organizaciones y criminólogos entrevistados por LA PRENSA también han resaltado que en las cárceles del país hay armamentos y que un porcentaje de las muertes de los privados de libertad son a consecuencias de las armas.
Criminólogos explicaron que las armas de guerra que deberían estar en los cuarteles militares o en manos de grupos tácticos policiales, están en manos de los privados de libertad de diferentes penales y calabozos de Venezuela.
En 2016, un grupo de reclusos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como «Uribana», pretendía tomar el poder a punta de granadas y fusiles porque exigían buena alimentación y otros beneficios, en medio de los hechos violentos tres reos y un custodio penitenciario resultaron muertos tras la detonación de una granada.
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