Ante la compleja situación que vienen enfrentando los distintos sectores de la economía en registros y notarías, un grupo de dirigentes gremiales denunció los altos costos y retardo para cualquier trámite luego de la modificación de la Ley de Registros y Notarías, que indexa a la criptomoneda gubernamental Petro todos los costos derivados de esta polémica norma.
El grupo de denunciantes fue integrado por la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, junto con los presidentes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta; de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri; y de la Cámara de Comercio y Servicios de Caracas, Leonardo Palacios.
La presidenta de Consecomercio señaló que las notarías, registros y todo aquello que requiera ser protocolizado está siendo afectado y esto se traduce en una “puerta abierta” a la informalidad y la corrupción.
“Las demoras que se generan en notarias y registros generan costos. Un trámite que debe ser realizado en un mes tarda hasta seis meses y se pierde el negocio (…) si no simplificamos tramites y no convertimos los impuestos en costos racionales y dejamos a un lado la voracidad a la que estamos siendo sometidos, tendremos más informalidad” alertó.
«Hemos observado trabas que tienen que ver con las notarías, registros y con toda actividad de formalización del comercio (…) todo aquello que requiera ser formalizado está recibiendo fuertes ataques que afectan a distintos sectores de la economía venezolana», indica Polesel.
Los dirigentes gremiales del sector privado sostienen que la actuación del servicio de registros y notarías viola los derechos humanos de las personas naturales y jurídicas, a las cuales los tratados internacionales en la materia les extienden su uso y disfrute.
Extranjeros más afectados
Los empresarios recordaron que, además de las complejidades que se producían normalmente en registros y notarías, en agosto de 2022, el SAREN incorporó un «registro para extranjeros», donde los ciudadanos de otros países interesados en invertir en el país deben llenar un formulario, a través de su sitio web, que posteriormente, sería habilitado para la firma de cualquier documento en registros o notarías.
En consecuencia, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta, destacó que, ante las denuncias de trabas en los registros y notarías, la cámara realizó una encuesta para determinar el impacto de la nueva política del SAREN, sobre la implantación de un Registro para Extranjeros, a través de su página web, para realizar cualquier trámite.
El “60,7% de los extranjeros inscritos en el SAREN no han recibido respuestas a sus solicitudes, que incluyen tramites civiles, poderes de cualquier tipo, compraventa de inmuebles, ventas de vehículos. Son más de 300 trámites limitados por este organismo”, señaló.
El estudio determinó que a siete de cada 10 empresas se les ha solicitado el registro de extranjeros para tramitar documentos de compraventa, aunque otro tipo de documentos como arrendamientos y poderes también se han visto paralizados por dicha medida.
La encuesta realizada en una muestra de 700 profesionales inmobiliarios, además, indicó que más del 65% de ejecutivos del sector ha procesado negociaciones con participación de extranjeros, de los cuales 77% se tramita en registros regionales y el 72% se trata de operaciones de compraventa.
Orta recordó que la Ley de Registros y Notarías, modificada en 2021, estableció como máximo el 2% de arancel calculado sobre el precio de venta del inmueble, sin embrago, según los resultados de la encuesta hecha a más de 700 profesionales, ese porcentaje oscila entre el 5% y 40%, lo cual constituye un obstáculo y, en muchas oportunidades resulta en cantidades impagables.
Para el presidente la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri, la actual Ley de Registros y Notarías, es una segregación para aquellos que quieren invertir y dificulta la recuperación de los diferentes sectores en este momento.
Adicionalmente, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Caracas, Leonardo Palacios, agregó que “los retardos indebidos, los rechazos irracionales, la existencia de formalidades no previstas en el ordenamiento jurídico atenta contra los derechos fundamentales de propiedad y disposición de elementos patrimoniales”.
Ante esta situación, los representantes del sector empresarial solicitan el apoyo de las embajadas y consulados para atender este problema y abogan por la revisión de esta ley, por una más moderna y con menos recaudos.
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