Hace diez años, el Tren de Aragua no era más que una banda carcelaria confinada a las paredes del penal de Tocorón y poco conocida por fuera de su estado natal, Aragua, en Venezuela. Hoy, es una de las amenazas a la seguridad de más rápido crecimiento en Suramérica.
La red criminal que ha tejido el Tren de Aragua ahora se extiende por Colombia, Perú, Chile y más allá. El grupo ha establecido las redes de tráfico de migrantes y trata de personas más extensas y sofisticadas que la región ha visto, sembrando el terror en los países de acogida y entre las comunidades de migrantes venezolanos que ha explotado sin piedad.
Sin embargo, la toma de Tocorón por parte de las autoridades venezolanas en septiembre de 2023 atacó directamente el centro neurálgico de esta red. Ahora, una nueva e incierta era comienza para la banda criminal más notoria de Venezuela.
“LAS PERSONAS NO SON MERCANCÍA”, dice una valla en el principal cruce fronterizo de Colombia hacia Ecuador. Pero ese es justamente el trato que reciben los migrantes venezolanos a manos del Tren de Aragua.
La megabanda más prominente de Venezuela construyó un imperio criminal que se extiende de Venezuela a Chile sacando ventaja de los migrantes desesperados, primero mediante el tráfico de migrantes a una escala nunca antes vista en Suramérica, y luego con la creación de redes de explotación sexual organizadas, integradas y multinacionales.
Los primeros pasos del Tren de Aragua en el tráfico de migrantes se dieron en el cuello de botella más importante de las rutas migratorias para los venezolanos: la frontera entre el departamento de Norte de Santander, en Colombia, y el estado de Táchira, en Venezuela.
Aquí, la banda tomó control de los pasos fronterizos informales, conocidos como trochas, con el cobro de una cuota de extorsión a los migrantes. A medida que aumentaron su control territorial, comenzaron a extorsionar también a las redes de tráfico de migrantes que usaban las trochas.
Estos cobros son normales en la zona fronteriza, donde grupos armados colombianos han ejercido el control por largo tiempo, pero cuando el Tren de Aragua llegó en 2018, la escala del negocio era todo menos habitual.
La economía en Venezuela colapsaba, y la respuesta del gobierno era intensificar la represión. La gente estaba desesperada por escapar, pero su principal ruta para ello —hacia Colombia— estaba clausurada por los cierres de fronteras.
Más de 3 millones de venezolanos huyeron del país entre 2017 y 2018, muchos de ellos pasando las trochas hacia el departamento colombiano de Norte de Santander. Esta oleada de migrantes no solo propició un aumento de los ingresos por extorsión, sino también una demanda sin precedentes de servicios de tráfico de migrantes.
La explotación de migrantes por parte del Tren de Aragua en las modalidades de tráfico y trata han constituido la base financiera para su expansión por Suramérica. Pero con la penetración del hampa local en los países de acogida, las células han buscado tomar el control de fuentes de ingresos locales, más sostenibles.
Estas células comienzan tomando la fruta fácil de alcanzar: las economías criminales con poca competencia y bajas barreras de entrada.
En muchas regiones, el primer paso ha sido el control del mercado local de servicios sexuales.
Las trabajadoras sexuales son muy vulnerables debido al estigma y la criminalización de los que es objeto el trabajo sexual, así como por la falta de protección por parte de las autoridades. Las venezolanas que ejercen la prostitución suelen ser más vulnerables debido a su situación económica, la falta de una comunidad local y, en ocasiones, su estatus migratorio ilegal. Las células del Tren de Aragua por lo general comienzan atacando a las más vulnerables —las trabajadoras sexuales venezolanas— para luego ampliar sus operaciones para incluir también a los locales que se desempeñan en prostitución.
Residentes y trabajadores por los derechos humanos en la localidad fronteriza de La Parada, en Colombia, relataron a InSight Crime que las trabajadoras sexuales allí deben contar con autorización del Tren de Aragua para ejercer en la zona, y que la banda controla y recibe ganancias de todos los aspectos de la prostitución. Muchas de estas mujeres padecen el mismo tipo de violencia que el Tren de Aragua ejerce sobre sus víctimas de trata con la consiguiente sensación de no tener ningún lugar adonde acudir en busca de protección.
La banda ha sufrido un golpe en sus fuentes de ingresos, ahora que ya no cuentan con las cuotas extorsivas, conocidas como “la causa”, que debían pagar todos los internos de Tocorón a Niño Guerrero. Esto les generaba millones de dólares anuales, de modo que ahora los mandos del Tren tendrán que compensar estas rentas con nuevas fuentes de ingresos.
Así, el Tren de Aragua tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias, hallar otras fuentes de ingresos y un nuevo sistema de comando y control o se arriesgará a desmoronarse hasta convertirse en una federación criminal desarticulada.
con redacción de InSigntCrime
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