El PJE, se suma al combate e impartición de justicia, ejerciendo acciones jurisdiccionales y administrativas mediante mecanismo alternos digitales y electrónicos que, apegadas a Derecho, atiendan el protocolo interno y las normas de Salud y contención ante el COVID-19.
En este marco de contingencia, se ha observado un aumento estadístico en la actividad digital de la población, ya sea por cuestiones de trabajo, entretenimiento o compra de alimentos y servicios, pero también es posible que incrementen los delitos cibernéticos.
En este sentido, el juez de Control de Tuxtla Gutiérrez con sede en Cintalapa El Amate, Bruno Ignacio Bermudez Hernández, comentó que se catalogan como delitos cibernéticos a la mayoría de las actividades punibles, según los ordenamientos jurídicos federales o estatales, incluyendo al Código Penal de Chiapas y que se llevan a cabo a través de medios informáticos.
Puede tratarse de delitos ya establecidos desde antes del uso de nuevas tecnologías como el fraude, la extorsión y la trata de personas; hasta su actualización con nuevas variantes como el Phishing, donde páginas web simulan ser sitios oficiales; Ciberbullying o acoso y violencia a través de
Internet, que se da principalmente entre la población juvenil y el Cibergrooming, un método utilizado por pederastas para contactar a niñas, niños y adolescentes en redes sociales para convencerles de realizar actividad sexual inapropiada ante las cámaras.
Bermúdez Hernández añadió, que al Poder Judicial del Estado de Chiapas le corresponde sancionar las conductas que se presenten en nuestra entidad federativa a través de los jueces de Control y tribunales de Enjuiciamiento a quienes les son presentados los casos en los que puede haberse cometido uno o más de los delitos antes mencionados, mediante el empleo de dispositivos tecnológicos.
Estos ilícitos son investigados por la Fiscalía General del Estado, donde primeramente la víctima tiene que interponer su denuncia, posteriormente en caso de que el Ministerio Público aporte las pruebas respectivas ante el órgano jurisdiccional, se podrá dictar una sentencia condenatoria, imponiendo las penas correspondientes.
Finalmente, comentó que las penas más elevadas que se pueden dictar dependen del tipo de delito por el que se esté siendo investigado. Por el delito de trata de personas se pueden alcanzar sanciones de hasta 30 años de prisión y 30 mil días de salario mínimo de multa.
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