El multimillonario negocio de los cibercrímenes: un delito a la alza y con cada vez más ganancias

Las ganancias que dejan los cibercrímenes, una actividad que ha crecido en los últimos tiempos en todo el mundo, ya alcanzan al menos los USD 3.000 millones, de acuerdo con la Interpol.

Esto fue confirmado por Adrián Acosta, de la Oficina de Regional de Interpol para América y el Caribe especializada en cibercrimen, al diario Milenio. El oficial se encuentra en México para participar en el Congreso de ciberseguridad e inteligencia que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Si bien engloba un amplio abanico de hechos, los ciberdelitos pueden definirse como aquellas acciones dañinas que se realizan por medio de una computadora o en la que un sistema informático es el objeto del delito.

La tendencia ha crecido en los últimos tiempos a nivel global: los piratas informáticos buscan cobrar a través de activos virtuales, para evitar ser rastreados. De acuerdo con Acosta, es el crimen conocido como BEC (“Bussiness Email Compromise” en inglés, email corporativo comprometido en español) el que tiene ganancias por unos 60.000 millones de pesos.

“Hoy por hoy cualquier empresa de índole comercial también está expuesta a los ataques como el BEC, el cual es un delito que va en crecimiento y que cada vez obtiene más ganancias para los criminales, estamos hablando de estas cifras», dijo. Aunque no hay un cálculo exacto, si se realizan aproximados.

Los hackers se han dedicado sobre todo a atacar a distintos sectores, como los bancos, los servicios públicos, los medios de comunicación y, sobre todo, el financiero. “Desde el año pasado, es el que está siendo atacado constantemente, porque se buscan las mayores ganancias posibles”, aseguró.

Hay además otras modalidades de cibercrímenes que también han crecido. Una de ellas es el secuestro de datos, que congela la información informática de una empresa a cambio del pago de “rescate”, y el del uso del llamado malware, que es un software malicioso que infecta los dispositivos sin ser notado.

En el apartado específico de México, sin embargo, no hay datos precisos, ya que para obtenerlos se “tendrían que consolidar” las legislaciones del país en todos los niveles de gobierno: local, estatal y federal. Además, Acosta destacó que se necesitan crear campañas de legislación, además de crear campañas de concientización entre el público.

Una de las recomendaciones del oficial de la Interpol para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que el país se adhiera al Convenio de Budapest, que trata sobre ciberdelincuencia y al que están integrados varios países sudamericanos como Argentina, Perú y Chile, así como Costa Rica en Centroamérica.

Recordó que el país tiene planeados apenas unos 2.600 millones de pesos para los servicios de inteligencia de seguridad nacional. Esto podría significar una vulnerabilidad para el país en caso de ser atacado.

A principios de agosto, por ejemplo, cientos de miles de usuarios de tarjetas bancarias sufrieron fallas en los sistemas de cobro en establecimientos comerciales en la Ciudad de México y Querétaro, Guadalajara y Monterrey, entre otras ciudades.

Las diversas instituciones bancarias aceptaron el hecho y atribuyeron la falla a su proveedor de servicios, la firma PROSA México, la empresa de servicios de transacciones electrónicas más grande de América Latina y una de las diez más importantes a nivel mundial, y restablecieron su servicio unas horas después, pero nunca confirmaron si habían sufrido un ataque cibernético.

Además, está el hecho de que, según las estadísticas del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica (ODILA), existe una “cifra negra” en torno a la cantidad de estos crímenes, que realmente ocurren pero que no son tratados ni conocidos y, en consecuencia, a los cuales los estados no dan ninguna respuesta.

Según una investigación de ODILA, en 17 países de la región, el 83,6 % de los encuestados declararon no haber realizado nunca la denuncia tras ser víctimas de este tipo de delitos, pero, quizás más grave aún, es el hecho de que entre los que sí realizaron la denuncia, solo un 1 % declaró haber logrado una condena efectiva para los delincuentes.