La imposibilidad de pagar un servicio funerario básico, que hoy ronda entre los 250 y 400 dólares el más barato —unos 60 meses de ingresos para la mayoría de los pensionados—, abre el camino a quienes operan sin licencia.
En Venezuela, el país con el salario mínimo más bajo de la región, gestionar la muerte de un pariente puede arruinar a una familia. De ahí que la informalidad y los negocios fuera de la ley hayan conquistado la economía, también en las morgues de los hospitales. Los familiares en duelo son abordados por lo que algunos llaman “funerarias de maletín” y, otros, más descriptivos, “zamuros”.
La imposibilidad de pagar un servicio funerario básico, que hoy ronda entre los 250 y 400 dólares el más barato (entre 230 y 365 euros) —unos 60 meses de ingresos para la mayoría de los pensionados en Venezuela— ha abierto el camino a quienes ofrecen sin licencias ni mayores pompas resolver ese complicado trance de despedirse de un familiar y darle la disposición final a un cadáver.
Los que están establecidos de forma oficial en el negocio funerario se han visto obligados a apretarse el cinturón en un país, cuya economía se redujo a un tercio en menos de una década.
“Los costos se han adaptado a la situación del país, ya no se hacen los mismos protocolos”, dice Luis Mora, dueño de una funeraria en el oeste de Caracas con décadas de servicio. Por protocolos,
Mora menciona los carros de acompañamiento para el cortejo, los arreglos florales, la cafetería durante el velatorio y la publicación de obituarios, pues en Venezuela ya ni circulan diarios. Una de las caras más visibles de la informalidad es el uso de vehículos de cualquier tipo para el traslado de cadáveres hasta el crematorio o el cementerio.
Una mañana de junio en Petare, un hombre limpiaba una vieja ranchera que adaptó para ofrecer el servicio. También adaptan camionetas pickup para estos fines. El hombre limpiaba el vehículo a unos pasos de una pequeña funeraria establecida, que tenía a sus empleados sentados sin hacer nada: llevaban casi un mes sin recibir un difunto.
La muerte podría parecer un negocio sin bajas, pero en el sector señalan que la competencia informal los ha golpeado. La enorme migración de venezolanos de los últimos años, que llega a casi 20% de la población y continúa, también ha empequeñecido al país.
“No estamos haciendo los servicios, los están haciendo los clandestinos”, denuncia Jorge Villalobos, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria.
A los clandestinos los identifica como cualquier vehículo al que se le sacaron los asientos traseros para meter un ataúd y que viaja con un grupo de sillas amarradas al techo para organizar un velorio exprés en el domicilio del difunto.
“Esto ha afectado significativamente a todas las empresas funerarias de todo el país, con una baja de no menos del 50% de los servicios”. Villalobos señala que quienes se dedican a este negocio deben tener licencias para transportar sustancias químicas y también contratos para la disposición de desechos patológicos, además de personal formado en tanatopraxia.
En la práctica, las normas se relajan. Luis Rivas atiende una funeraria en Petare, un inmenso barrio en Caracas, que dispone de una capilla para despedidas u homenajes póstumos. El salón tiene urna de madera al centro y un Cristo crucificado de fondo que, advierte, se puede desatornillar si se trata de un servicio para evangélicos, cada vez más comunes en Venezuela. En su larga carrera en el ramo, le ha tocado preparar muertos y asegura que no es un asunto complicado, “más allá de inyectar formol en el estómago para proteger los órganos”.
Lo más difícil estos días es conseguirlo, al parecer. La empresa empezó a organizar jornadas sociales en hospitales en las que reparten arepas o insumos médicos a quienes acompañan algún paciente en las precarias salas de emergencia de la ciudad. “No lo hacemos para buscar clientes, pero si captamos alguno, bien. Hay gente que no tiene ni para desayunar, cómo va a tener para enterrar a un muerto”.
Regulaciones
La situación de la informalidad ha impulsado una corriente legislativa en varios municipios del país para reordenar el sector. El Ayuntamiento de Caracas aprobó hace unos días una nueva ordenanza, tras un proceso de discusiones y registro de empresas y vehículos dedicados a este servicio.
De acuerdo con datos del Cementerio del Sur, se censaron 176 carrozas aptas para el traslado de difuntos en la capital. La nueva norma incorpora tarifas para el mantenimiento de los camposantos, en particular el Cementerio General del Sur, que, aunque es patrimonio del Estado, adolece años de mantenimiento y vandalismo. “Hay espacio todavía. Estamos trabajando en la construcción de nuevas bóvedas en espacios abandonados.
Podemos levantar entre 200 y 500 nuevas al mes para atender la demanda. También se está reordenando el sector de nichos para disponer de unos 2.150 espacios para personas que no tengan recursos”, explica Marlin Prado, gerente general de Cementerio del Sur. Asimismo, buscan regular los servicios en las funerarias privadas y crear una municipal, de bajo costo.
“Acorde a la situación del país, hay que optimizar la atención, para que a los usuarios no les afecte económicamente”.
En esta explanada de más de 200 hectáreas y casi 150 años de historia, atiborrada de lápidas, panteones de familias de personajes célebres e imágenes religiosas, un estrecho recodo en una terraza puede servir para levantar una de estas bóvedas, dice uno de los enterradores. “Con 15 bloques se le puede hacer una para un angelito (un niño) y con 50 para un adulto”, dice el hombre que prefiere no identificarse.
Una inhumación en este camposanto público puede costar alrededor de 240 dólares. En uno privado el costo se dispara por encima de los mil dólares, nada más por el precio de una parcela para cavar la tumba, sin contar con los gastos del funeral y la sepultura.
Por ello, para la mayor parte de los venezolanos la cremación es la única opción, pues reduce a menos de la mitad los costos y, por ello, algunas municipalidades dan aportes financieros para estos funerales a familias sin recursos.
Aura Piñera atiende desde hace cinco años un kiosco con fotocopiadora y escáner en los alrededores de la sede de la medicatura forense de Caracas. “Hay quien lo puede pagar como quien no.
Las funerarias prácticamente se ofrecen al mejor postor. Aquí he visto personas que pasan hasta dos semanas dando vueltas por acá esperando para reunir el dinero para poder enterrar a su difunto”, dice la mujer. “En la pandemia, aquí había colas de gente.
También cuando hacen operativos, cuando pueden llegar 30 muertos en un día y acumularse 90 un fin de semana, pero ya no los están haciendo tanto”, dice Pereira. Con “operativos” se refiere a las incursiones que hace la policía en sectores populares que en muchos casos terminan en ejecuciones extrajudiciales, que han denunciado víctimas, ONG y organismos internacionales y ponen al país entre los de mayor letalidad policial.
