A solo una semana para la Navidad, Rossana Pérez entregó su hijo de cuatro años al papá porque este prometió que lo llevaría a comprar la “ropa de diciembre” y en lugar de ir a tiendas, el padre salió de Venezuela con el niño para emprender el tortuoso y peligroso camino hacia la frontera sur de Estados Unidos.
La venezolana, de profesión maestra, dijo que su expareja buscó al niño el 17 de diciembre de 2021 con la excusa de que lo llevaría a Maracaibo, otra ciudad en el estado Zulia cercana a Cabimas, donde ella residía, para comprarle ropa, pero pasaron los días y ninguno de los dos aparecía. Desde ese día, no lo ha vuelto a ver. “Me enteré que el niño había cruzado el río (Grande, EEUU) con el papá.
Fue mi peor Navidad, mis padres llorando, yo no dormía, eso fue horrible. Todavía estoy mal porque no he visto a mi hijo. Después pedí ayuda, me vine también detrás del niño y crucé el río el 15 de enero”, dijo en una entrevista.
Pérez es una de muchas madres venezolanas inmigrantes que tratan de luchar en Estados Unidos por recuperar a sus hijos que están con sus ex parejas, y que en algunos casos las mujeres afirman que presuntamente los utilizan con fines de inmigración.
Otras inmigrantes han logrado obtener asilo político que ampara a sus hijos, pero los padres han reclamado el regreso de los niños a Venezuela y se les ha concedido. Aun así siguen intentando que les devuelvan a los menores.
Ese es el caso de Verónica Tescari que tuvo que entregar a sus hijos de 9 y 10 años al padre después de que una corte de Apelaciones en Cincinnati, Ohio, ratificó el fallo de un tribunal que dictaminó que ella “sustrajo ilícitamente” a los menores de Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela, para traerlos a Estados Unidos en 2018, y que retenerlos en este país era contrario a las leyes venezolanas.
Hace dos años que los niños tuvieron que regresar con su padre, quien presentó en 2019 una petición basada en la Convención de La Haya Sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional. Una decisión que Tescari dice no comprender. Argumentó ante el tribunal que su exesposo era una persona “física y verbalmente abusiva”, según cita la demanda, y que por la crisis económica y social de su país no era pertinente regresar a los niños, de acuerdo con los documentos judiciales del caso.
“No entiendo cómo un juez puede decir que en Venezuela no está pasando nada grave”, dijo, y recordó llorando que la partida de sus hijos fue “muy triste, los niños se fueron llorando. Es muy doloroso porque desde ese tiempo para acá yo soy una mujer muerta en vida. Mi vida eran ellos, no he podido superar la depresión, la angustia y la desesperación”.
A diferencia de Pérez que está recién llegada y buscando desesperadamente asesoría legal, Tescari tiene abogados y contó con el respaldo de la organización National Immigrant Women’s Advocacy Project (NIWAP) que, junto con su defensa, solicitó a una corte que concediera una nueva audiencia en el caso o una vista judicial con un panel de jueces.
Pero la petición fue denegada y sus abogados evaluaban la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, dijo Tescari. La defensa de la venezolana argumentó que “Venezuela es una zona de guerra y de hambruna y que el sistema judicial venezolano es incapaz de adjudicar la disputa de custodia de las partes” y regresar a los menores los “expondría a un grave riesgo de daño físico o psicológico o someterlos de otro modo a una situación intolerable”, según los documentos judiciales.
La corte de Apelaciones dijo que ella no pudo demostrar que devolver a los niños los expondría a esos riesgos y citó un fallo de un tribunal de Florida de otro caso relacionado con un menor venezolano señalando que las condiciones actuales en ese país no alcanzan el nivel de una zona de guerra, hambruna o enfermedad.
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