El gobierno de los Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.
La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, representa un golpe directo a la movilidad global y se fundamenta en la polémica disposición de «carga pública», utilizada por Washington para estigmatizar a los migrantes como una amenaza a los recursos estatales.
La suspensión afecta a América Latina y el Caribe, incluyendo a naciones como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de varias islas del Caribe como Bahamas, Belice, Barbados y Jamaica. Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la medida busca identificar a extranjeros que, a juicio de la Casa Blanca, podrían «explotar la generosidad» del país recurriendo a ayudas sociales, una narrativa que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como una forma de discriminación económica y racial.
El alcance de esta restricción es global, alcanzando también a ciudadanos de Rusia, Egipto, Somalia, Afganistán, Irán, Irak, Nigeria, Tailandia y Yemen. Al centrarse específicamente en las visas de inmigrante —aquellas destinadas al empleo y la residencia permanente—, la administración Trump busca una supuesta reevaluación de los procedimientos migratorios para evitar el uso de beneficios públicos.
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El Departamento de Estado aclaró que la pausa no afectará, por el momento, a las visas de no inmigrante, como las de estudiantes o turistas.
De este modo, Washington permite el ingreso de visitantes que aporten divisas a su economía, mientras cierra la puerta a quienes buscan contribuir al país mediante el trabajo y el establecimiento legal.
Esta pausa indefinida es la culminación de un proceso de endurecimiento iniciado el año pasado, cuando se ordenó un escrutinio extremo bajo criterios que permiten declarar «inelegibles» a posibles inmigrantes de manera discrecional.
Para algunos analistas, esta medida no solo busca reducir la migración legal, sino que funciona como una herramienta de presión política contra los 75 países afectados.
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