El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden condenó este martes los constantes atropellos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro contra la oposición y la población venezolana. El Departamento de Estado denunció el rol de las fuerzas de seguridad del régimen y de los grupos paramilitares -como los colectivos chavistas- para llevar adelante el esquema represivo y de persecución.
“Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y un informe de la ONU concluyó que había motivos razonables para creer que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad”, señaló el Departamento de Estado en un reporte especial publicado este martes sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela durante el año 2020.
La cartera dirigida por Antony Blinken indicó que entre los problemas más significativos en lo que respecta a los derechos humanos, se destacan “ejecuciones ilegales o arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, y casos de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad”, así como la presencia de cientos de “presos políticos” y los “graves problemas con la independencia del poder judicial”.
Frente a esa extensa lista de violaciones a los derechos humanos, las autoridades norteamericanas indicaron que el régimen chavista “no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, procesar o castigar a los funcionarios que cometieron” esos abusos.
El documento calificó al chavista como “régimen ilegítimo”. Esto ratifica que el gobierno de Joe Biden sigue reconociendo como mandatario interino de Venezuela a Juan Guaidó. El opositor juró como tal en enero de 2019 con el apoyo de Donald Trump (2017-2021). “La corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano”.
El Departamento de Estado recordó que las ONG Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights documentaron 753 desapariciones forzadas de detenidos políticos entre 2018 y junio de 2020. Asimismo, una investigación del ACNUDH descubrió que casi todas las personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) -uno de los brazos armados de la dictadura- “fueron sometidas a desapariciones forzadas durante períodos de siete a 40 días después de su detención, lo que aumenta el riesgo de que también sean víctimas de tortura y abuso”.
Pese a la condena internacional y la intención de profundizar las investigaciones en suelo venezolano, “el régimen de Maduro continuó negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país”.
El gobierno norteamericano, por su parte, volvió a denunciar la presencia de agentes cubanos al servicio de las fuerzas de seguridad del régimen.
Estas conclusiones del Departamento de Estado tienen lugar semanas después de que el presidente Biden extendiera la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país caribeño bajo la dictadura de Maduro “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
En una carta al Congreso de los Estados Unidos, Biden explicó la prórroga de la Orden Ejecutiva firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama.
“La sección 202(d) de la Ley de Emergencias Nacionales (50 U.S.C. 1622(d)) establece la terminación automática de una emergencia nacional a menos que, dentro de los 90 días anteriores a la fecha de aniversario de su declaración, el Presidente publique en el Registro Federal y transmita al Congreso un aviso que establezca que la emergencia continuará en efecto después de la fecha de aniversario”, señaló.
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