El informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado de EE.UU. afirma que el gobierno de Nicolás Maduro intensificó acoso y ataques contra líderes religiosos por denunciar crisis en Venezuela.
«Los líderes del gobierno acosaron verbalmente al clero venezolano y otros miembros de sus comunidades religiosas por continuar llamar la atención sobre la crisis humanitaria del país y por otras críticas a la gestión oficialista», precisa el documento difundido este lunes.
«En ocasiones, el gobierno amplió la ley contra el odio para incluir figuras religiosas. En mayo, el gobernador del estado de Carabobo demandó al padre Alfredo Infante, superior de los jesuitas en Venezuela y coordinador de derechos humanos de una organización no gubernamental (ONG) dirigida por jesuitas, por difamación tras la publicación el 14 de marzo del informe anual de derechos humanos de la ONG PROVEA. , al que contribuyó la ONG jesuita», afirma el texto.
«Según representantes de la comunidad judía, el régimen y sus simpatizantes, incluidos algunos medios de comunicación afiliados al régimen, aumentaron su retórica antisemita durante el año. Diosdado Cabello, vicepresidente del partido político afiliado al régimen Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llamó a David Smolansky, Comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Crisis de Migrantes y Refugiados de Venezuela, un “sionista” y un “fascista” durante su programa de televisión en el que Cabello mostró carteles de “se busca” de varios líderes opositores», agregaron.
Durante el año, la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), que es la Misión de EE.UU. en Venezuela, continuó interactuando con el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó y con la sociedad civil independiente.
La VAU también siguió manteniendo un estrecho contacto con una amplia gama de grupos religiosos, incluidas las comunidades judía, musulmana, evangélica protestante y católica.
Los representantes de VAU y los miembros de estos grupos discutieron la represión de las comunidades religiosas y las publicaciones antisemitas en las redes sociales y en los medios asociados al gobierno», concluyeron.
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