Un total de 614 casos de persecución y criminalización en Venezuela documentó durante el año 2023 el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
Estos actos responden a una política del Estado venezolano para mantenerse en el poder mediante la aplicación de diversos patrones. Entre ellos, el cierre de emisoras y programas de radio, el bloqueo de páginas web, despidos injustificados, detenciones arbitrarias, hostigamientos, amenazas y actos de violencia, allanamientos irregulares, emisión de órdenes de aprehensión, entre otros.
Casos por categorías
El mes en el que se reportaron mayor cantidad de casos fue enero, con 187 actos de persecución y criminalización. Seguido de julio con 63 casos y junio con 61. Mientras que la población fue la categoría de sujetos víctima de mayor cantidad de actos de persecución, con 190 casos. Los trabajadores y medios de comunicación fueron la segunda categoría de sujetos más perseguidos con 184 casos, mientras que 134 personas vinculadas con la política enfrentaron la aplicación de este tipo de patrones. Ciento cuatro organizaciones no gubernamentales, una universidad y una organización gremial también integraron la lista de sujetos perseguidos.
Hubo 252 casos de hostigamiento y amenazas; 74 despidos injustificados; 72 irregularidades en procedimientos judiciales; 59 detenciones arbitrarias; 59 impedimentos de registrar un hecho noticioso; 22 medidas cautelares; 20 cierres de programas de radio; 19 órdenes de aprehensión; 13 cierres de emisoras de radio; 9 allanamientos irregulares; 8 bloqueos de páginas web; 3 intervenciones de organizaciones; una inhabilitación política; una anulación de pasaporte; una suspensión de elecciones universitarias; y el cierre de un local.
Los funcionarios del Estado engrosaron la lista de perpetradores, con 255 funcionarios involucrados en actos de persecución. Seguido por las fuerzas de seguridad del Estado, con 151 casos y el Poder Judicial, con 74 casos.
Obstáculos para la participación libre y plural de la ciudadanía
Durante el año 2023 ocurrieron dos eventos de participación ciudadana que estuvieron marcados por la violación de los derechos políticos de la ciudadanía. El 22 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones primarias de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Este evento democrático fue afectado por la censura, amenazas, violencia y abuso de poder por parte del Estado.
Este proceso se vio obstaculizado por una serie de medidas diseñadas para favorecer al partido gobernante y limitar la participación de la oposición y de aquellos ciudadanos que no están alineados con el partido oficialista. Entre ellas la emisión órdenes de aprehensión contra opositores, el impedimento a trabajadores de comunicación y a la sociedad activa y comprometida con la veeduría electoral de registrar los acontecimientos, el bloqueo de la página web de la Comisión Nacional de Primarias lo cual afectó la publicación de los resultados, el bloqueo de la plataforma verificadora de votantes, detenciones arbitrarias de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, la anulación de pasaportes del equipo de trabajo de María Corina Machado, líder opositora actual, entre otros.
También hubo actos de vandalismo contra sedes de partidos políticos y amedrentamiento contra personas que ofrecieron sus viviendas para centros electorales, se registraron ataques violentos en los centros de votación como ataques a las fachadas, robo de materiales, disparos al aire y un ataque con una bomba lacrimógena, entre otros actos de violencia. Aún más, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender los efectos de las fases del proceso electoral, empañando la voluntad de una población que desea firmemente ejercer sus derechos políticos.
Amenazas de perder beneficios sociales
Por su parte, el 3 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la consulta popular sobre el territorio Esequibo, un referéndum organizado por el gobierno de Nicolás Maduro en apoyo a la reclamación de Venezuela por la región de Guayana Esequiba. Este evento de participación ciudadana también se encontró enmarcado en diversas irregularidades, especialmente la censura y amenazas. Hubo múltiples limitaciones para que los trabajadores de la prensa independiente pudieran ejercer sus labores de manera libre y segura. Además, de acuerdo con diversas denuncias, tanto los trabajadores públicos, como la población más vulnerable fue obligada a participar bajo amenazas de perder algunos beneficios sociales e incluso sus puestos de trabajo.
Persiste la censura y represión a la prensa
El año 2023 fue otro período oscuro para la libertad de prensa en Venezuela, dejando a su paso un panorama desolador para los medios de comunicación independientes y los periodistas críticos. El hostigamiento contra los trabajadores de la prensa se intensificó, con casos documentados de intimidaciones, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Los periodistas que se atrevían a informar sobre temas sensibles o críticos para el gobierno enfrentan represalias directas, en un intento evidente de silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa mediática.
Además, el bloqueo de páginas web se convirtió en una herramienta común para restringir el acceso a la información independiente y crítica. El impedimento de registrar hechos noticiosos y de trascendencia también se convirtió en una práctica habitual, con las autoridades obstaculizando activamente la labor de los periodistas para informar de manera veraz y objetiva sobre temas de interés público. El cierre de 13 emisoras de radio, la salida del aire de 20 programas de radio e incluso la decisión de autocensurarse por temor a represalias agravaron aún más la crisis de libertad de prensa en Venezuela.
Organizaciones no gubernamentales en la mira
En el año 2023, las organizaciones no gubernamentales en Venezuela enfrentan un entorno cada vez más hostil, caracterizado por la amenaza constante del Estado mientras desarrollaban sus actividades en un espacio cívico severamente lesionado. La Asamblea Nacional, dominada por el partido oficialista, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un sistema uniforme para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las ONG y afines. Sin embargo, detrás de estas disposiciones se esconde un claro intento de controlar el manejo económico y el financiamiento de dichas organizaciones, lo que representa una seria amenaza a su autonomía e independencia.
Al menos 104 organizaciones no gubernamentales fueron víctimas de actos de criminalización. Estos actos incluyen detenciones arbitrarias, hostigamientos y amenazas directas contra los trabajadores y líderes de estas organizaciones, así como la intervención forzosa de una organización. Además, se registraron numerosas irregularidades en los procedimientos judiciales relacionados con las ONG, lo que pone en duda la imparcialidad y la justicia del sistema legal en Venezuela.
La persecución en Venezuela se mantuvo en la agenda internacional
El año 2023 destacó por la continua atención y condena de la comunidad internacional respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, reflejando un contexto de persecución y represión exacerbada. Tanto el sistema regional como universal de protección de derechos humanos señalaron alarmantes violaciones y emitieron múltiples recomendaciones en torno al contexto de persecución y criminalización en Venezuela.
Durante el 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó siete medidas cautelares a personas en Venezuela que a su juicio enfrentan situaciones de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables a sus derechos. También emitió 24 comunicados de prensa en los que denunció detenciones arbitrarias y actos de tortura, rechazó la persecución penal contra dirigentes de oposición, repudió ataques a la libertad de asociación, condenó la persecución política en el contexto electoral y cuestionó las normativas que vulneran el espacio cívico en Venezuela. Además, remitió al menos siete casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando justicia y reparación para las víctimas.
En el sistema universal de protección de derechos humanos, destacan las actualizaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, quienes expresaron su preocupación no solo por el contexto de persecución en Venezuela, sino también por la sofisticación del aparato represor.
También durante el 2023 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas culminó su Quinto Examen Periódico sobre el cumplimiento de Venezuela con los derechos reconocidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. El examen terminó con la presentación de más de cincuenta recomendaciones y la manifestación de una profunda preocupación por parte del Comité por la crisis de derechos humanos en Venezuela, incluyendo el recrudecimiento de la persecución.
Renovar los mecanismos de monitoreo
En Cepaz hemos documentado desde 2014 esta política de persecución, identificando claramente en los informes que elaboramos que esta política se recrudece en momentos en los cuales la permanencia en el poder del gobierno se ve amenazada, como ocurre durante los procesos electorales. Contar con mecanismos de monitoreo de violaciones a los derechos humanos ha servido como muro de contención, pero también como medio para la documentación de la situación de derechos humanos en el país, y por lo tanto insistimos en la necesidad de su renovación.
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