La diputada de la legítima Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Exterior, Olivia Lozano se expresó respecto al posible nombramiento de un embajador de España en Venezuela.
Lozano aclaró que las condiciones por las que España retiró a su embajador en Venezuela en 2020 persisten e indicó que la necesidad energética de España no puede estar por encima de la defensa de los DD.HH.
“El canciller José Manuel Albares debe tener claro que: 1. Las condiciones por las que retiraron a su embajador en Venezuela el 2020, persisten; 2. Que el reinicio de la negociación en Mexico, suspendidas por el régimen, no es garantía de cumplimiento por parte de la dictadura de Maduro; 3. Que la necesidad energética de España no puede estar por encima de la defensa de los DDHH, ni debe implicar ser complaciente con los señalamientos sobre violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen madurista, investigados por la CPI”, sentenció mediante Twitter.
España volverá a tener embajador en Venezuela después de más de dos años en los que el máximo representante de España en Caracas ha sido un encargado de Negocios, un segundo nivel en la escala diplomática.
El Ministerio de Asuntos Exteriores estudia, según fuentes diplomáticas, plantear al Consejo de Ministros, único organismo capacitado para hacerlo, elevar a la categoría de embajador al actual encargado de Negocios, Ramón Santos.
La decisión respondería, según las mismas fuentes, a la nueva dinámica abierta por la reanudación de las negociaciones en México entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, suspendidas desde octubre de 2021.
España no tiene embajador en Caracas desde que, en noviembre de 2020, cesó en el cargo el diplomático Jesús Silva, quien prestó protección en su residencia oficial al líder opositor Leopoldo López.
Le sustituyó Juan Fernández Trigo, exembajador en Cuba, pero como encargado de Negocios, lo que no requería pedir el plácet ni presentar credenciales a Nicolás Maduro. Con este gesto, España dejaba patente que, como el resto de la comunidad internacional, no reconocía la legitimidad de Maduro como jefe del Estado, dado el carácter fraudulento de las elecciones de 2018, mientras que respaldaba al presidente encargado, Juan Guaidó, designado por la Asamblea de Venezuela, controlada por la oposición.
Cuando Fernández Trigo fue nombrado secretario de Estado para Iberoamérica, en julio de 2021, le sustituyó Ramón Santos, también como encargado de Negocios, aunque Exteriores sí pidió en su caso el plácet de Maduro, sin estar obligado a ello.
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