El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, ofreció información sobre una nueva trama de corrupción vinculada a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Tras su salida de la Asamblea Nacional (parlamento), donde fue aprobada este jueves la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el también presidente de la Comisión Interior del órgano legislativo anunció la incautación de un centenar de gandolas (vehículos de gran porte) pertenecientes a Pdvsa.
Los transportes, explicó, fueron decomisados ayer por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mientras buscaban privatizar la distribución de combustible.
Contó que una persona trajo las gandolas, con dinero de la empresa estatal Petróleos de Venezuela y las tenía guardadas para ‘prestar servicio de manera privada’ y cobrar por ello.
El dirigente partidista apuntó que una de las cosas que presenta problemas es el tema de combustible, y allí estaban montando un negocio privado, ‘negocio con plata de Pdvsa’, remarcó. Quienes estaban allí tenían la potestad absoluta de tomar las decisiones que mejor consideraban, manifestó.
Al comentar las incautaciones realizadas por las autoridades en las diferentes tramas de corrupción como parte del operativo Caiga quien Caiga, Cabelló reveló el decomiso de más de 10 mil bienes de grandes proporciones.
No estoy hablando de sillas ni de mesas, expresó, y comentó que se trata de una casa con todo su mobiliario, un edifico con todo y de una flota de vehículos.
Días atrás, el presidente Nicolás Maduro informó del decomiso de más de 500 vehículos de alta gama, los cuales, dijo, serán entregados a los cuerpos policiales.
El parlamento aprobó hoy por unanimidad la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, un nuevo instrumento que tendrá el Estado para enfrentar la corrupción.
El titular del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, manifestó su satisfacción por la sanción de la normativa propuesta por el Partido Socialista Unido y que fuera aceptada también por los parlamentarios de la oposición.
Señaló que el instrumento legal se remite ahora a la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los efectos de los establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República, referente a las leyes orgánicas.
Rodríguez consideró la Ley como muy importante en la lucha contra la corrupción en la República Bolivariana.
La normativa consta de 46 artículos y cuatro capítulos y busca reparar los daños causados al Estado y al pueblo por hechos de corrupción, a través de mecanismos que permitan identificar, localizar y recuperar los bienes mal habidos.
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