El tribunal que lleva la causa por “terrorismo” contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel difirió este martes el inicio del juicio para el 31 de marzo.
Una funcionaria del tribunal informó que “por falta de traslado” de San Miguel desde su centro de detención hasta el Palacio de Justicia en Caracas se postergaba el proceso.
Es el segundo aplazamiento desde el 18 de diciembre, cuando estaba previsto inicialmente el inicio del juicio. El argumento entonces fue el mismo, común en el retraso procesal de juicios contra opositores reseña la agencia AFP
La nueva fecha viola la ley, “porque excede los lapsos procesales para que se verifique la audiencia una vez que se difiere”, explicó a la AFP el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco.
“En un lapso de tres meses deberíamos estar en apertura del juicio oral y público”, añadió. “Y llevamos un año y no hemos empezado”.
San Miguel, de 58 años, es abogada, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano.
Fue arrestada en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, y acusada de terrorismo, traición a la patria, conspiración e intento de homicidio contra Maduro y el dirigente chavista Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia.
Estaba con su hija, liberada tras una breve detención, al igual que otros tres familiares.
Su expareja, un militar retirado, está detenido acusado de estar vinculado en esta supuesta conspiración.
Maduro ya la había acusado en 2014 de estar involucrada en “un alzamiento militar”.
San Miguel solo puede recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y está a la espera de una cirugía por una fractura de hombro.
González no ha podido juramentarse como abogado de San Miguel junto a Theresly Malavé. Su defensa por ahora recae en la defensoría pública, señalada por expertos de servir a la Fiscalía.
“En el Sebin no hay condiciones”
Entre tanto, Theresly Malavé, abogada de San Miguel, denunció que la defensora tiene inmovilidad en su brazo derecho tras 6 meses con fractura en hombro.
“Exigimos una medida humanitaria para Rocío urgente para una operación con sus médicos de confianza, postoperatorio en libertad y recuperación en familia. Rocío es inocente”, publicó este martes la oNG Provea, en sus redes sociales.
“Tiene que ser operada por un especialista. Tiene 6 meses con esa fractura y no la pudieron llevar ni siquiera al médico, le detectaron la fractura por una jornada médica 4 meses después”, agregó Malavé, en un video colgado en las redes de la ONG.
Theresly hace un llamado a la juez Alejandra Romero, quien lleva el caso, para que se le otorgue una medida humanitaria a la defensora y ciudadana española-venezolana.
“Rocío está detenida arbitrariamente desde hace 1 año en El Helicoide, sin haber podido asignar a sus abogados de confianza ante el caso y a la espera de que su juicio finalmente inicie. Por ahora, Rocío sigue con defensa pública impuesta”, recuerda Provea.
Asimismo, piden al gobierno venezolano que “otorgue la medida y libertad a Rocío, que le permita ser atendida por médicos de su confianza y ser operada en libertad. Además del respeto al debido proceso”.
Y, finalmente, exigen “al Reino de España que actúe para garantizar la integridad de su ciudadana”.
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