Por lo menos, 173 privadas de libertad fueron desalojadas del anexo femenino ubicado en la Comunidad Penitenciaria Fénix, una cárcel para hombres, en el estado Lara.
El desalojo se materializó entre la noche del sábado 6 de enero y el domingo 7 de enero, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) mediante un comunicado de prensa.
El OVP informó que este anexo femenino albergaba a más de 200 mujeres, pero que durante el pasado mes de diciembre fueron trasladadas 20 internas hasta el anexo femenino de la cárcel David Viloria, conocido como Uribana, ubicado a unos metros de Fénix.
También se conoció que durante diciembre 10 privadas de libertad fueron llevadas hasta el estado Miranda.
“En horas de la noche del 6 de enero, como si de un regalo del Día de Reyes se tratara, fue trasladado el primer lote de internas hasta el estado Barinas. Desde el OVP se tuvo conocimiento que otras serían enviadas entre la mañana y tarde de este domingo hasta los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Zulia, pero esta última región aún no había sido confirmada”, indica el comunicado de la ONG.
La organización denunció que el anexo femenino de Fénix era uno de los 16 espacios en donde albergaban a mujeres privadas de libertad en Venezuela y que este, como los otros centros, fueron creados con perspectiva de género.
Según el OVP, Fénix Lara estaba en una de las torres dentro de la prisión de hombres, ubicada en el ala derecha del recinto penitenciario. Explican que la falta de separación entre los espacios trajo diversos problemas con las internas, quienes eran sacadas por los reclusos de la torre.
“En meses anteriores, estas mujeres fueron víctimas de diversas requisas que, según denunciaron al OVP, fueron violentas. Les botaban todos sus objetos personales, que posteriormente debían ser adquiridos nuevamente por sus familiares, quienes en su gran mayoría son de escasos recursos económicos”, se lee en el documento.
No saben las ubicaciones
Durante el traslado del pasado fin de semana, los familiares de las privadas de libertad expresaron su preocupación por no saber con certeza a dónde fueron llevadas cada una de las reclusas.
Los familiares manifestaron al OVP que desde el Ministerio de Servicio Penitenciario hacen “lo que lez da la gana” con las privadas de libertad y que esto afecta las garantías judiciales y los derechos humanos que tienen los y las privadas de libertad en el país.
“Este tipo de operativos, cuya organización es dudosa por la opacidad en la información, atentan flagrantemente contra el bienestar físico y mental de la población reclusa, considerando que, al ser trasladados, la interna o interno pierde contacto familiar, carece de visitas, empeorando sus condiciones carcelarias, siendo más vulnerable a la extorsión o utilización por parte de grupos de fuerza dentro de los centros penitenciarios; afectando severamente su rehabilitación y reinserción social”, dice el OVP.
La organización advierte que los traslados deben respetar los principios mínimos plasmados en las Reglas Mandela, una herramienta hermenéutica civilizatoria mínima. En este sentido, la Regla 59 precisamente señala que “en la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”.
Mientras que la Regla 106 indica que “se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de ambas partes”.
“Al igual que los siete recintos penitenciarios que fueron desalojados en 2023, la situación de las mujeres privadas de libertad no escapa a los embates del hacinamiento, la escasez de agua potable y alimentos. Es por ello que desde OVP estamos informando oportuna y verazmente sobre este procedimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de la ONU”, advierten.
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