La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano denunció que el gobierno venezolano pretende eludir, con una reforma judicial, la competencia de la Corte Penal Internacional, CPI, encargada de investigar los crímenes de lesa humanidad cometido en Venezuela.
“Esta pretendida reforma del sistema de administración de justicia no tiene ningún objetivo distinto a pretender eludir con ello la competencia de la Corte Penal Internacional. No nos caigamos a engaños, no pretendamos que se resolverá la administración de justicia en el país con un maquillaje de cambio de magistrados. No existe esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder”, afirmó la parlamentaria durante una sesión virtual.
Presos políticos y sin sanciones
Dijo que en el país hay 300 presos políticos y recordó que son inexistentes tanto las sanciones para los responsables directos de las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como el proceso adelantado por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional electa en 2020.
“La inexistencia de un Poder Judicial independiente marca la falta del debido proceso, la ausencia absoluta de este derecho humano y, asimismo, destacan cosas que son importantísimas. Una de ellas tiene que ver con la denegación de la obligación que tiene el sistema de garantizar el derecho a la defensa de las personas”, manifestó.
Señaló que el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela expresa que en el país no se garantiza la defensa legal, que los jueces y los fiscales del Ministerio Público reciben constantes presiones de las altas autoridades para tomar decisiones que no están apegadas al derecho. «Que no solamente el propio Tribunal Supremo de Justicia írrito ejerce presiones sobre los jueces y fiscales de instancia y sobre los circuitos judiciales penales de todo el país, sino que incluso reciben de manera constante llamadas externas de dirigentes políticos del partido de la usurpación para que se tomen decisiones», añadió.