Este domingo 30 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó un simulacro electoral, de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en el que se identificaron diversas irregularidades que generaron preocupación entre los observadores y la ciudadanía.
Llamó la atención la presencia de agentes de la Policía Nacional (PNB) haciendo custodia de las instalaciones, trabajo que le corresponde al Plan República.
También se observó la instalación de puntos rojos (aunque ahora con toldos azules y blancos) cerca de los centros de votación. Entre dos y tres puntos de control estuvieron en las adyacencias de cada centro electoral, reproduciendo la canción “Yo voy a mi gallo Pinto”, eslogan del candidato del Gran Polo Patriótico.
Asimismo, se reportó la distribución de materiales de campaña a los electores que hacían fila para votar. Con los folletos “Logros de Maduro, Logros de Venezuela” aseguraban a los electores que durante la gestión de Nicolás Maduro se ha fomentado la producción nacional, resaltaban el trabajo de Barrio Adentro y la recuperación de 20.000 escuelas con los bricomiles. Esta práctica, además de ser ilegal, distorsiona el proceso electoral al influir directamente en la decisión de los votantes.
Otro folleto que repartieron se titulaba «Una amenaza a la paz y al país», con las fotos de la líder de la oposición, María Corina Machado, el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia y el político Leopoldo López.
«Ellos ya dijeron que no van a respetar el resultado de las elecciones. ¿Organizarán nuevas guarimbas?» exponía el material, refiriéndose a que González Urrutia rechazó la firma del compromiso de reconocimiento de resultados planteado por Maduro. Fueron acusados, entre otras cosas, de pedir las sanciones contra Venezuela, apoyar el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 y ser responsables de la desestabilización del país.
La entrega de estos materiales, sumada a la presencia de personas identificadas con camisas de los partidos del gobierno pasando listas de asistencia, refuerza la percepción de un control y una vigilancia excesiva sobre los votantes, socavando la confianza en la integridad del proceso. Se documentó este patrón mayoritariamente en la Escuela Municipal Andrés Bello de Chacao, el Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro de Catia, y el colegio Gran Colombia de El Cementerio.
En este último centro mencionado, también fue identificada una persona en la puerta pidiendo la cédula laminada y anotando los datos completos de todas las personas que han ingresado a participar en el simulacro antes de dejarlos pasar a las mesas, sin especificar para qué serían utilizados.
Además, se observó la movilización de votantes utilizando vehículos del Estado, incluyendo carros de TransCaracas, PDVSA y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Esta utilización de recursos públicos para fines partidistas es una clara violación de la normativa electoral y pone en evidencia un uso indebido de los bienes del Estado para favorecer a determinados partidos políticos.
Algunos ciudadanos comentaron que el proceso dura menos de dos minutos y que el método de que el tarjetón con la cara de los candidatos aparezca en las máquinas, hará que se le reste bastante tiempo a las colas.
Aunque este simulacro tenía como objetivo probar la maquinaria electoral de los partidos y preparar a los electores para la jornada del próximo 28 de julio, se esperaba que se siguiera la normativa electoral, garantizando un ambiente de equidad y transparencia. Las prácticas observadas durante el simulacro fueron cuestionadas por voceros de la oposición y especialistas en el tema electoral que advierten sobre la importancia de hacer cumplir la normativa para asegurar un proceso electoral justo y transparente.
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