Los militares institucionales en Venezuela suman años siendo objetivo político. Sin embargo, desde 2014, las acciones contra los oficiales se han acentuado sin distingo de rango o componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por ello, las ONG Justicia Venezolana y Coalición por los DD.HH., denunciaron un «patrón» del Estado contra los militares que están presos por motivos políticos.
«Estos patrones, por parte del Estado, se han configurado en un ciclo de persecución política que culmina con la prisión del militar. Y, posteriormente al oficial se le violan sus derechos y garantías procesales», señala Justicia Venezolana.
La directora de la ONG, Lilia Camejo G. refiere que actualmente hay 252 militares procesados por motivos políticos. «De ellos 190 están privados de libertad. En la mayoría de los casos analizados, los castrenses sufrieron detenciones arbitrarias», expresó.
«Esto se evidencia porque la orden de aprehensión muestra una fecha que no corresponde con la real. Otra irregularidad que se repite es la desaparición forzada breve tras la detención». También se produce «la imputación del mismo grupo de delitos. Los más comunes son: traición a la patria y rebelión militar».
Camejo destaca que además es necesario denunciar que la justicia penal, en el caso de los militares, «usa las normas para aplicar castigos anticipados. La prisión preventiva es uno de ellos. Muchos oficiales tienen más de tres años en esta condición. Según el Código Orgánico Procesal Penal no debería sobrepasar los dos años».
La abogada exigió «la liberación de los presos políticos militares que permanecen en prisión injustamente. Se les han atribuido falsos delitos, sin pruebas ni fundamento».
Recursos de amparo
En la misma línea se manifestó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Por ello, este lunes, la organización introdujo una solicitud de amparo constitucional a favor de tres presos políticos militares.
El abogado Kelvi Zambrano dijo que el amparo tiene el objetivo de que se «otorgue libertad plena a estos militares». Entre ellos figuran: el capitán de corbeta Carlos Gustavo Macsotay y el mayor Abraham Suárez.
Recordó que diversos organismos, entre ellos el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, se ha pronunciado sobre la situación.
La Coalición registra a al menos 120 militares presos de distintos componentes.
Recordó que, a principios de este mes, el Grupo de Trabajo de la ONU afirmó que los ocho militares implicados en la «Operación Armagedón», en el 2018, están «detenidos arbitrariamente». Y por ello solicitó su liberación, además del pago de una indemnización.
Sin embargo, permanecen presos, sus juicios se han suspendido en varias ocasiones. Sus familiares han denunciado la condición «inhumana» de su reclusión, además de torturas y la negación de atención médica adecuada.
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