La ONG, Una Ventana a la Libertad (UVL), denunció este unes que en la mayoría de los penales del país no se han instalado mesas de votación, a pesar de que los reclusos mantienen su derecho constitucional al sufragio.
UVL publicó que hay problemas en los Centros de Detención Preventiva de 8 estados del país, entre ellos Carabobo y Aragua.
“A pesar de que los procesados tienen derecho constitucional a ejercer su voto, el CNE no habilitó mesas en los calabozos del país, lo que impide la participación de más de 17 mil reclusos en el proceso”, informó la organización.
Alerta que a “a los privados de libertad que esté actualmente bajo una investigación de carácter penal, nuevamente se le irrespetan los principios y las garantías constitucionales a las que tienen derecho”.
En cambio, la ONG reportan que en Miranda, en la Cárcel de Yare, ubicada en los Valles del Tuy, en El Rodeo (I y II) en Guatire, en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) con sede en Los Teques, sí instalarán una mesa.
El abogado penalista Jorge Davalillo, entrevistado por la ONG, recordó que la Constitución, en su artículo 63, establece que el sufragio es un derecho.
“Ellos tienen el derecho de votar porque tanto ellos como sus familiares están afectados por la situación político-social del país. Es tanto así, que a ellos se les complica la situación porque el Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades”, aseguró.
El caso de Bolívar llama la atención, puesto que la UVL indicó que ubicaron una mesa en la Cárcel de Vista Hermosa, pero para los habitantes de la comunidad, porque desde la intervención del penal, el año pasado, allí no hay reclusos.
La organización recuerda que solo podrán votar los presos que aparezcan inscritos en el Registro Electoral, correspondiente a cada uno de esos centros penitenciarios, y que no tengan condena.
A principios de este mes, la otra ONG defensora de los DD. HH. de los reclusos, Observatorio Venezolano de Prisiones, pidió al CNE que habilitara centros de votación en los penales, porque la mayoría de los reclusos no tiene condena firme.
El director general del OVP, Humberto Prado, explicó que las personas que no tienen sentencia son “ 70 %” de la población que “está en las cárceles” y “85 %” de los que están en “los calabozos”.
Recordó que la Constitución establece que el voto “es un derecho y un deber de los ciudadanos, libre, universal, directo y secreto” y establece que el Estado debe garantizar a todas las personas el “ejercicio de los derechos humanos”, que incluye “la participación política, sin discriminación”.
NotiVeraz