La Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) denunció la detención arbitraria de tres ciudadanos tras compartir un audio por Whatsapp sobre el acto de campaña que realizará la oposición, encabezada por María Corina Machado, el próximo sábado 6 de julio en Barinas para impulsar la candidatura de Edmundo González Urrutia.
De acuerdo con la organización no gubernamental, dos de los ciudadanos fueron identificados como Yordan Molina y Maribel Ortiz. Las personas, según indicó la ONG en sus redes sociales, fueron aprehendida por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Tras divulgarse la denuncia, el abogado Eduardo Torres exigió al gobernante Nicolás Maduro a cesar «el crimen de lesa humanidad». A su juicio, el oficialismo y su cúpula de funcionarios quiere detener la campaña electora, que apenas comienza el 4 de julio.
Para el abogado, la detención de los mencionados ciudadanos no tiene justificación. «Le decimos al pueblo venezolano: sigan en la defensa de los derechos y en la ratificación del camino electoral».
Por otra parte, se preguntó «¿Qué pretende Maduro cuando el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia el incremento de las detenciones arbitrarias y ordena el cese de estos actos?»
Más temprano 62 asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) enviaron una carta a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que manifestaron su preocupación por la posibilidad de una eventual escalada en las violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía, a medida que se aproximan las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio.
«Desde el inicio del año 2024, diferentes liderazgos y candidatos han venido realizando actividades de promoción de sus opciones para ocupar la presidencia del país para el período 2025-2031. En ese contexto, y durante los primeros seis meses del año, hemos podido documentar diferentes vulneraciones a las libertades fundamentales y los derechos de libertad de asociación y reunión, manifestación pacífica, así como de expresión e información», escribieron en el documento.
En la misiva, citaron datos de la ONG Laboratorio de Paz y Acceso a la Justicia para indicar que hasta el 28 de junio se contabilizaban 46 detenciones arbitrarias contra líderes políticos y sociales del país, siete mujeres y 39 hombres. Añadieron que del total de las aprehensiones 82% de las personas sufrieron desapariciones forzadas de corto plazo.
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