Los trabajadores de la industria petrolera en la Península de Paraguaná se han visto afectados por una serie de investigaciones que llevan a cabo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). Estos organismos han detenido a unas 30 personas por presuntos delitos de corrupción en Pdvsa, específicamente en el Complejo Refinador de Paraguaná (CRP).
Las aprehensiones se han materializado desde mediados de enero de este año. Los empleados han sido sacados de sus puestos de trabajo, también de sus casas y les han arrebatado todos sus bienes. Los familiares de los detenidos no saben dónde están recluidos, porque tampoco les han permitido defensa particular.
También se desconoce el número de privados de libertad por supuestos actos de corrupción, ya que los organismos de investigación del estado Falcón ni los gobernantes regionales y locales se han pronunciado al respecto.
Con estas detenciones, también se volvió a activar la famosa “lista Tascón”: obreros, soldadores, fabricadores y personal de mano de obra calificada han sido botados por estar en la mencionada lista negra, una situación irregular que había quedado en el pasado.
“Les han quitado el pase a un sinfín de trabajadores de las refinerías Amuay y Cardón por aparecer en la ‘lista Tascón. Hasta cuándo habrá persecución, no nos dejan trabajar en paz”, dijo un empleado petrolero que prefirió mantener el anonimato.
¿Qué es la “lista Tascón”?
La “lista Tascón” fue una publicación divulgada por internet relacionadas con las firmas recolectadas entre los años 2003 y 2004 para la petición de un referendo revocatorio contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Esta lista de firmas fue impulsada por el fallecido diputado Luis Tascón, quien fue designado por Chávez para verificar las firmas.
La lista contenía los nombres, apellidos, números de cédula y huellas digitales de más de 2.4 millones de venezolanos que apoyaron la solicitud del revocatorio. Sin embargo, su publicación generó controversias, ya que se denunció que el chavismo y sus simpatizantes la utilizaron para discriminar y perseguir a los opositores. Los despidos tras la “lista Tascón” han ocurrido no solo en Pdvsa, sino también en otras instituciones estatales.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que condenó al Estado venezolano por la desviación de poder y la discriminación política relacionada con la “lista Tascón”. Esta instancia internacional encontró que la publicación de la lista tenía fines intimidatorios y buscaba desincentivar la participación política y la disidencia.
La sentencia reconoció que la lista fue utilizada para perseguir políticamente a aquellos que firmaron a favor del referendo revocatorio y que esto constituyó una violación de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y expresión.
En 2021, el abogado Harold Guerrero reveló que se habían reportado 530 despidos en el CRP debido a la lista Tascón, aunque también se han denunciado despidos en otras instalaciones petroleras como El Palito, ubicada en el estado Carabobo.
Lo que dice la academia
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ha señalado que la “lista Tascón” se utilizó como una herramienta de discriminación política en Venezuela. En sus informes, la UCAB ha indicado que la lista fue publicada en 2004 y contenía los nombres de las personas que firmaron a favor del referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez.
Esta lista fue utilizada para despedir a empleados públicos y negarles acceso a ciertos servicios y beneficios. La UCAB ha denunciado que esta práctica violó el derecho a la participación política de los ciudadanos y, por ende, sus derechos humanos
La situación ha generado preocupación entre los trabajadores afectados, quienes han emprendido acciones legales, pero hasta ahora no han obtenido respuestas de los organismos judiciales, según contaron a lapatilla.com.
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