Hasta julio de 2024, las detenciones de mujeres por motivos políticos en Venezuela mostraban una tendencia a la baja, con un promedio de 20 reclusas en calabozos policiales o centros como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). Sin embargo, tras los eventos poselectorales de ese año, la cifra se disparó significativamente.
Actualmente, al menos 121 mujeres permanecen encarceladas en el país por razones relacionadas con el contexto político.
Las Reglas de Nelson Mandela, aprobadas por la ONU en 2015, establecen que las mujeres privadas de libertad deben ser tratadas con dignidad y sin maltrato. Junto con el reglamento de Bangkok, exigen que las privadas de libertad tengan acceso a higiene, atención médica (como salud reproductiva) y espacios separados de los hombres, para garantizar su seguridad y privacidad.
Estos reglamentos prohíben el aislamiento prolongado (más de 15 días), limitándose a casos excepcionales y supervisados, especialmente si la mujer tiene problemas de salud. Ambos reglamentos prohíben quitarles a las privadas de libertad servicios como agua, comida ni visitas familiares, salvo en situaciones muy justificadas y por poco tiempo, buscando proteger sus derechos y bienestar.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una Ventana para la Libertad (UVL) han denunciado en numerosos informes que muchas de estas reglas básicas son violentadas en cárceles y centros de detención preventiva en el país.
Condiciones de reclusión
El Inof, en el estado Miranda, es la única cárcel de mujeres que existe en Venezuela; los otros lugares donde actualmente hay mujeres recluidas son centros de detención preventiva o anexos en cárceles masculinas que fueron medianamente adecuados para albergar mujeres.
Un informe del OVP presentado en mayo de 2024 expuso las condiciones inhumanas que enfrentan las mujeres recluidas en cárceles como el Inof. Titulado “Cárcel de mujeres (Inof): Un cementerio de mujeres vivas”, el documento describe un lugar donde la desidia y el abandono han convertido la reclusión en una pesadilla diaria.
Según el OVP, el Inof, ubicado en Los Teques, alberga a cientos de mujeres en un entorno que no cumple con los estándares mínimos de dignidad. El informe detalla que el Inof, diseñado para 350 reclusas, actualmente tiene una población de 650 mujeres, lo que representa un hacinamiento del 185,71%.
“La comida que nos proporcionan es insuficiente para nutrirnos adecuadamente y carece de variedad para mantener nuestra energía (…) constantemente pasamos hambre debido a las largas horas que transcurren entre cada comida”, relató una reclusa al equipo del OVP.
En este centro penitenciario el desayuno se sirve a las 6:00 de la mañana, el almuerzo a las 12:00 del mediodía y la cena a las 4:00 de la tarde, dejando 14 horas hasta el próximo alimento.
Salud desatendida y sin enfoque de género
A pesar de que esta es la única cárcel construida especialmente para mujeres en el país, el OVP denunció que la atención médica es prácticamente inexistente, especialmente para las necesidades específicas de las mujeres.
El informe señala que no hay ginecólogos ni servicios para tratar enfermedades como el cáncer de mama. “Si una privada de libertad tiene que verse con un ginecólogo, su familia debe agendar una cita en un hospital cercano al Inof”, explicó la abogada Magaly Vásquez durante la presentación del informe en la Universidad Católica Andrés Bello.
El OVP incluyó en su informe una lista de recomendaciones dirigidas a las autoridades venezolanas para mejorar las condiciones de reclusión. Entre ellas, destaca la necesidad de implementar políticas específicas y adaptadas a las necesidades del género femenino dentro del sistema penitenciario. También se propone facilitar las visitas de hijos y priorizar el mantenimiento de lazos familiares, esenciales para el bienestar emocional de las internas y sus seres queridos, algo que el actual sistema no garantiza, según se lee en el informe.
Violencia contra presas políticas
En diciembre de 2024, la ONG FundaRedes denunció que más de 200 mujeres privadas de libertad por razones políticas sufren condiciones de reclusión deplorables y diversas formas de violencia en los centros penitenciarios.
Según el reporte, estas mujeres enfrentan hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y agresiones que incluyen violencia psicológica, sexual, institucional y física. El informe se basa en datos de la organización Foro Penal.
FundaRedes destacó que estas condiciones reflejan «graves violaciones de derechos humanos» y llamó al Estado venezolano a garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de las reclusas.
«El hacinamiento y la violencia de género son patrones que se repiten en las cárceles, afectando especialmente a las mujeres detenidas por razones políticas», afirmó FundaRedes. La ONG subrayó que muchas de estas detenciones ocurrieron tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuya reelección de Nicolás Maduro fue cuestionada por la oposición y varios países.
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