En los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta en Caracas, conocido como “Zona 7”, no dan tregua ni en plena pandemia por COVID-19. Algunos familiares apostados en las puertas del centro de detención policial denunciaron que los pagos por “privilegios” han aumentado mucho más desde que arrancó la cuarentena obligatoria.
Las presuntas extorsiones por parte de los funcionarios que custodian este lugar ya son comunes para los familiares de los reclusos, pero no por comunes son normales o dejan de estar mal. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) tuvo la oportunidad de conversar con familiares de los privados de libertad, quienes denunciaron que las tarifas para reservar la calidad de vida de sus parientes es cada vez más elevada.
Entre los privilegios por los que deben pagar los reclusos se encuentra el de poder ver la luz del día, la salida de la celda hasta el patio tiene un costo de entre $1 y $4. “Todo depende de la capacidad que tiene la persona de palabrear al funcionario”, comentó la esposa de un recluso.
“Si no pagas también es difícil que te dejen visitarlos, yo tengo dos meses que no he podido ver a mi esposo”, agregó la mujer.
Todos deben pasar por el “Tigrito”, la celda del terror
El “Tigrito” es una celda en lo más profundo de los calabozos de Boleíta, donde las aguas negras corren por el piso y es por esta razón que los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo de contener cualquier tipo de enfermedad.
Familiares relataron que algunos reos han fallecido en esta celda por tener mucho tiempo encerrado bajo condiciones totalmente inhumanas. Esto como consecuencia de que no pudieron pagar por el traslado a una celda más grande.
Para poder salir de ahí los familiares deben pagar desde $80 hasta $100. Este pago les permite tener acceso a un lugar más ventilado, pero si no pagan son encerrados allí hasta el fin de su condena.
Las condiciones de las demás celdas tampoco son las más aptas, la mayoría de ellas tienen más de 95 reos en un espacio de 70 metros. Los excrementos se acumulan en bolsas de plástico entre las colchonetas y paredes, y si no pagas no sales al sol.
Carolina Girón, directora del OVP, manifestó su solidaridad con este grupo de privados de libertad, quienes desde el momento de su detención se encuentran bajo la responsabilidad del Estado y aun así con víctimas de una flagrante violación a sus derechos humanos.
En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para que ejecuten una investigación oportuna, exhaustiva y veraz sobre estos hechos que fomentan aún más el colapso del sistema penitenciario en Venezuela.
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