El defensor de los derechos indígenas y coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, denunció el miércoles 24 de abril ante el Foro Permanente Sobre Cuestiones Indígenas de la ONU sobre la muerte de más de 10 niños warao en el estado Delta Amacuro, adviriendo que los menores fallecieron “por extrañas circunstancias” y que hasta ahora, las autoridades no han resuelto el problema.
La gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, indicó en días pasados que todavía se desconoce la causa del fallecimiento de 13 niños indígenas de la etnia warao en las comunidades Sakoinoko, Mukoboina y Yorinanoko.
Hernández destacó que las muestras tomadas en las comunidades no han determinado enfermedad alguna, detallando que dio negativo a patologías como dengue, chikungunya, tuberculosis, paludismo, meningitis y neumococo. De igual manera, señaló que, con permiso de las comunidades, se tomaron otras muestras para continuar investigando.
La comisión enviada desde Tucupita llegó el día 10 a un hospital de la comunidad antes mencionada, donde se atiende a los habitantes de zonas cercanas, debido a que es en ese lugar donde cuentan con internet satelital que funciona de forma intermitente y de ahí, partir a las localidades donde se registran los fallecimientos de menores de edad para tomar muestras e investigar qué ocurre.
Enrique Moraleda, cacique de Nabasanuka, reportó que al menos nueve niños habían muerto en 72 horas con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, convulsión y fuerte dolor en el cuello y que hasta el miércoles 10, la cifra aumentó a 12.
Luego, el 15 de abril, la gobernadora Lizeta Hernández resaltaba que la enfermedad se debía a “un brote con signos y síntomas característicos propios de la zona”, cuya patología está por determinarse y recordó que desde que los caciques se acercaron a la Dirección de Salud de Delta Amacuro, se activó un protocolo sanitario.
Olnar Ortiz también denunció la militarización de las zonas indígenas, específicamente en el municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, y en Amazonas. Este hecho, a su juicio, viola el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en Venezuela. Advierte además que, para sustentarla, el Estado usa la extracción ilegal minera por parte de grupos de civiles armados y su lucha contra estas prácticas.
Por esta razón, pidió al foro monitorear estas acciones y ser vigilante de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela.
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