La familia del fallecido concejal Fernando Albán, quien murió el 8 de octubre de 2018 estando preso en Caracas, demandó en Estados Unidos a Nicolás Maduro por el “secuestro, tortura y asesinato” del dirigente opositor, de acuerdo a documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia de noticias Efe.
Se señaló además el “el posterior ocultamiento del asesinato, la difamación de Albán y ulteriores represalias contra sus familiares por parte de Nicolás Maduro Moros y el aparato ilegal mediante el cual él y sus colaboradores controlan Venezuela”.
Los familiares del concejal también introdujeron una demanda que involucra a otras autoridades del chavismo y a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por daños y perjuicios.
A Albán lo detuvieron el 5 de octubre de 2018 luego de regresar al país desde Estados Unidos, donde visitó a su familia y denunció los atropellos a los derechos humanos de los venezolanos ante la Organización de las Naciones Unidas.
El régimen lo señaló por presuntamente estar implicado en el atentado con drones durante un desfile militar en el que participaba Maduro el 4 de agosto de 2018.
Murió tres días después de ingresar en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas debido a un suicidio según la versión oficial, que fue ampliamente rechazada por opositores venezolanos y organizaciones internacionales, como dejó constancia la demanda.
De acuerdo con los documentos judiciales, en la sede del Sebin al concejal lo torturaron con corrientes eléctricas y finalmente lo asesinaron. Posteriormente su cuerpo fue arrojado desde al menos 10 pisos y resultó mutilado al caer al suelo.
Los demandados por Meudy Albán Osio, la viuda del concejal de Primero Justicia, y sus hijos María Fernanda y Fernando Albán Osio, están el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el fiscal general Tarek William Saab; y el antiguo ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol.
Los demandantes los acusan de “encabezar una organización criminal que tortura y asesina a sus enemigos” y piden al juez asignado, Darrin Gayles, de los tribunales del Distrito Sur de Florida, que les abra juicio.
Asesinato, tortura y difamación
La familia explicó que la razón de la acusación de difamación contra los demandados: el suicidio es una “mentira particularmente fea” para un católico devoto como Albán y, además, el régimen dijo que se suicidó porque se le había hallado en posesión de pornografía infantil, lo que calificaron de mentira vil y gratuita.
“Como si todo eso no fuera poco, los agentes de Maduro allanaron y, definitivamente, destruyeron el negocio de contabilidad” de los Albán, que servía de sustento para la familia después de que él muriera.
Respecto a la inclusión del Cartel de los Soles y las FARC entre los demandados, el texto señala que “Maduro se asoció con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para traficar cocaína por toneladas y lavar internacionalmente las ganancias mal habidas, incluyendo a Estados Unidos”.
También destaca que a todos los demandados, salvo uno, los han procesado por narcoterrorismo, lavado de dinero u otros delitos en tribunales de Estados Unidos, incluyendo los del Distrito Sur de Florida.
El diario El Nuevo Herald, el primero en informar de esta demanda, habló con el abogado de la familia Albán, Jaime Guttman, quien señaló que los documentos de la corte hablan por sí mismos y los demandantes “no tienen planes de hablar con periodistas en este momento”.
La demanda destaca el hecho de que de todas las actividades opositoras de Albán, la que a Maduro le pareció “profundamente amenazante” fue que denunció desde suelo de Estados Unidos “el autoritarismo y la corrupción” de su régimen.
“Maduro y su empresa criminal deben rendir cuentas de sus crímenes”, subraya la demanda.
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