Este octubre, durante la continuación de la evaluación del quinto informe sobre la Implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la delegación del régimen madurista se defendió de los cuestionamientos sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.
Por una parte, Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores venezolano, aseguró que, en el país, se «respetan» los derechos políticos. Según el Canciller, en Venezuela no hay «nadie», a menos que un tribunal penal así lo decida, que pierda su derecho a elegir o ser elegido.
De hecho, enfatizó que las personas que han sido inhabilitadas políticamente pueden participar en procesos electorales, pero que, por hechos de corrupción documentados en Contraloría, no podrían ejercer funciones públicas.
Del mismo modo, al hacer alusión a la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a partidos políticos, destacó que el Poder Judicial no tiene injerencia en las decisiones de esas organizaciones y que serían integrantes de las propias toldas los que habrían acudido al Judicial cuando, de manera interna, no han podido resolver sus diferencias.
Vale mencionar que la delegación venezolana comenzó su defensa al informe en contra de Venezuela, con críticas hacia el comité y cuestionamientos sobre su “imparcialidad”.
Alana Zuloaga, por su parte, viceministra de Asuntos Penitenciarios, aclaró que Venezuela enfrenta «desafíos», en materia penitenciaria. En ese sentido, sobre las muertes violentas dentro de los centros de reclusión, señaló que han disminuido significativamente. Apuntó que en lo que va de 2023 solo se ha registrado un asesinato dentro de una cárcel.
En contraste, el designado fiscal general Tarek William Saab explicó que Venezuela creó una Fiscalía con competencia en la protección de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Señaló que en 2022 fueron tramitadas 68 denuncias y 37 este año.
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