Recientemente, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, presentó una actualización sobre la situación de Venezuela en la que expresó su preocupación por las medidas que restringen el espacio cívico y democrático en el país.
Ante un escenario electoral el próximo 28 de julio, la funcionaria de Naciones Unidas señaló su inquietud por las “medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluido los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición”, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Un día después, de la declaración de la Alta Comisionada Ajunta, la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU señaló al Ministerio Público de actuar como “la maquinaria represiva del gobierno” de Nicolás Maduro en la detención de personas defensoras de derechos humanos y dirigentes políticos.
Esto ya lo habían sido avizorado por los expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU durante la presentación del V Examen de DDHH ante el ente internacional, en octubre del año pasado.
Como era de esperarse tras los anuncios hechos por los funcionarios de la ONU, el gobierno chavista reaccionó. El representante del gobierno en el Consejo de DDHH de la ONU, Alexander Yanez Deleuze, calificó como “hostiles”, las declaraciones de Al-Nashif, mientras que el canciller Yván Gil, calificó de “mentiras” la actualización que hizo la Misión.
Gobierno desacredita a organismos de DDHH
Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, señala que la postura del gobierno venezolano es una política recurrente que han adoptado los gobierno de carácter autoritario.
Según Zambrano, estas estrategias o posturas buscan desacreditar con el propósito de construir una narrativa y una retórica distinta a la de los organismos que defienden la democracia, los principios y los derechos humanos.
“Van a catalogar y categorizar con el propósito de reducir el impacto que estos organismos tienen”, dice.
Agrega que este tipo de estrategias sirve para que el Estado venezolano siga en su intensión de desconocer lo que sucede en Venezuela a efecto de no verse responsabilizado en delitos graves tipificados en el Estatuto de Roma.
Marianna Romero, abogada, defensora de derechos humanos y parte del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab), explica que la postura del gobierno ante las denuncias de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en el país, son un patrón de respuestas que suelen tener cuando hacen ese tipo de llamamientos o denuncias.
Para Romero el Estado en sus pretensiones de querer hacerse ver como un gobierno que cumple con sus obligaciones internacionales, siempre busca rechazar y atacar a los organismos internacionales.
“El Estado venezolano siempre busca tratar de mostrarse como un país garante, protector de derechos humanos, cuando en la realidad vemos que incumple con sus obligaciones, que en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones sistemáticamente, se vulneran los derechos de la población, se va aumentando el cierre del espacio cívico y democrático. Y por ello es que el Estado responde con este tipo de señalamientos y ataques para tratar de desacreditar el trabajo que vienen haciendo minuciosamente organismos internacionales y que contribuyen a que no queden en impunidad las violaciones que ocurren en el país”, sostiene Romero.
El impacto de la actualización del informe
Romero destacó la importancia de la última actualización oral presentada por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos y subrayó la preocupación expresada por los expertos de la misión sobre la continuidad de los patrones represivos en Venezuela, así como la reactivación de mecanismos represivos violentos y el incremento de la criminalización y ataques contra defensores de derechos humanos.
La representante de CDH-Ucab resaltó el trabajo de documentación sistemática realizado por la Misión, al destacar su contribución para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, y nutrir otros mecanismos internacionales.
Hizo énfasis en el impacto significativo que tienen los resultados de las investigaciones de la Misión, tanto en los mecanismos internacionales que monitorean la situación en Venezuela como en la sociedad y las víctimas afectadas.
“Es bueno que se entiende y se sepa que hay mecanismos que siguen trabajando por el alcance de verdad, justicia y reparación y es fundamental pues que la misión pueda seguir haciendo su trabajo”, añadió la defensora de derechos humanos.
Durante el diálogo interactivo posterior a la presentación del informe oral de la Misión, las distintas delegaciones de los estados miembros del Consejo también expresaron su preocupación ante las denuncias hechas por el organismo.
La abogada subrayó la importancia de renovar los mandatos tanto de la Misión Internacional de Determinación de Hechos como de la Oficina del Alto Comisionado, por su papel esencial en la protección de los derechos humanos en el país, así como en la documentación de violaciones, la identificación de responsabilidades y la formulación de recomendaciones para poner fin a las violaciones de derechos humanos.
Entramado jurídico que viola garantías
Para el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el informe presentado ahora confirma que en Venezuela existe una estructura institucional y un entramado jurídico que busca justificar acciones contrarias a la dignidad humana.
Zambrano comparó esta estructura con las instituciones creadas en regímenes como la Unión Soviética, la Alemania nazi y Cuba, señalando su propósito de perseguir, hostigar y torturar a la disidencia venezolana.
El defensor de derechos humanos recalcó la importancia de estos informes, aunque no constituyan pruebas directas, ya que proporcionan indicios significativos. Mencióno que la Corte Penal Internacional (CPI) pronto dará a conocer los nombres de responsables de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Recordó que la CPI no sanciona a estados, sino a individuos, convirtiéndolos en criminales internacionales.
No existe Estado de derecho
Para Zambrano la actualización oral de estos informes tiene como objetivo sensibilizar al mundo occidental de que en Venezuela no existe estado derecho.
“Venezuela está secuestrada por criminales por una organización criminal con criterio político, el gobierno y el chavismo es una organización criminal”, dijo el jurista.
El defensor de derechos fundamentales señaló que estos informes dejan en evidencia que el gobierno venezolano y quienes hoy controlan el poder no son demócratas y no tienen la intención de respetar los derechos humanos, al querer quedarse en el poder bajo cualquier circunstancias.
En la misma línea que Zambrano, la abogada Romero expone que en este momento hay un cierre continuo y progresivo del espacio cívico y democrático en Venezuela, y que en el país está instaurada una política de criminalización, represión y control social.
“Informes como el de la Misión en un contexto tan hostil, tan complejo, es necesario para poder seguir visibilizando, para generar protección para las víctimas y para que la situación de violación de derechos humanos en Venezuela siga estando en la agenda internacional y que distintos actores de mecanismos de protección de derechos humanos y de la comunidad internacional puedan seguir intercediendo y abocando por la protección de derechos humanos en el país y, sobre todo, por el avance en materia de verdad y justicia”, especifica.
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