La defensa del exferrominero Rodney Álvarez denunció irregularidades en el proceso contra su cliente al advertir que la Sala Accidental 1 de la Corte de Apelaciones no realizará audiencia para emitir la decisión en el caso del trabajador, al igual que señaló que hubo manipulación en el sorteo del expediente cuando ingresó a la instancia referida.
El abogado Luis Aguilera indicó que «solamente están elaborando la ponencia para emitir la sentencia y al día siguiente, notificar a la defensa de Rodney el contenido de esta», lo que afirmó es contrario al debido proceso y viola la Constitución. Además, subrayó que la presidenta de la Sala Accidental, Lisbeth Soto, ejerce abuso de poder e irrespeta las leyes.
También comentó que en 2019 el recurso de apelación de la sentencia a 15 años de prisión, emitida por la jueza Paulette León y quien negó una medida cautelar de libertad, «fue remitido a la sala número uno de la corte de apelaciones. Hoy nuevamente, el expediente es remitido dizque por sorteo a la misma sala».
Aguilera recordó que ante la negativa de audiencia por parte de la citada sala, las leyes establecen que todas las personas tienen derecho a ser oídas y ratificó que Rodney Álvarez tiene derecho a estar en la audiencia de apelación y exponer todos sus alegatos. Por ello, remarcó que «ningún juez puede hacer que un ciudadano se abstenga de exponer sus consideraciones sobre su caso, se le está violando su derecho a ser oído”.
La profesora universitaria Jacqueline Richter, especialista en derecho laboral, informó el martes 8 de junio, el obrero de Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez fue sentenciado a 15 años de prisión, después de permanecer durante 10 años en la cárcel sin que su condena fuese fijada.
Detenido el 12 de junio de 2011, Álvarez está a punto de cumplir su décimo aniversario preso en la cárcel El Rodeo II por un supuesto asesinato del cual no existen pruebas para vincularlo, mientras que sí hay argumentos razonables para creer que habría sido un dirigente sindical del chavismo el responsable de este delito.
Sus abogados exigieron el jueves 12 de agosto la inhibición de tres jueces de la Sala Número 1 de la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas por parcialidades en contra del trabajador.
En ese entonces, Aguilera señaló que el rechazo a la designación de los jueces y la exigencia de inhibición se debe a que en 2019 fue designada Paulette León Guevara como jueza del caso y se le solicitó medida sustitutiva de libertad, la cual fue negada.
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