Durante septiembre aumentaron las protestas de ciudadanos. Estas protestas, en su mayoría han sido por las fallas en los servicios básicos y por la escasez de combustible. La criminalización y represión de estas, por parte de los cuerpos de seguridad, amparándose en el decreto de estado de alarma vigente desde marzo por la pandemia de Covid-19, dejaron un saldo de 80 personas detenidas con fines políticos en el país, este mes.
La cifra de presos políticos en Venezuela al 30 de septiembre es de 348 personas. Esta cifra se ha mantenido por encima de las 300 personas, pese al llamado que hiciera el 14 y el 25 de septiembre la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, dentro del contexto de la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, para que el gobierno de Nicolás Maduro continué con las liberaciones de todos aquellos a los que la Alta Comisionada se refiere como “detenidos arbitrariamente.”
Llama la atención que, desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia de COVID-19 en marzo, hasta la fecha de cierre de este reporte, el 30 de septiembre de 2020, se han reportado 351 arrestos con fines políticos. Sobre este particular la alta Comisionada, Michelle Bachelet manifestó en su actualización oral sobre Venezuela el 25 de septiembre, lo siguiente: “Mi oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina”.
Como se ha reportado desde marzo, el acceso a los tribunales y a los centros de reclusión continúa restringido para los abogados de los detenidos, lo que imposibilita el derecho a la defensa y obstruye el debido proceso de estas personas privadas de libertad. No obstante, la Alta Comisionada Bachelet resaltó, en su actualización oral, que su equipo destacado en el país ha podido tener acceso en días recientes a centros de reclusión del SEBIN y de la DGCIM en Caracas.
El 16 de septiembre fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el informe y las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela. Resalta la contundencia en cuanto al reconocimiento que hace la misión, al patrón sistemático de ataque a la población civil por parte de los cuerpos de seguridad, durante el período de 6 años que abarca la investigación (2014-2020).
Este reconocimiento a la sistematicidad en cuanto a los ataques de la población civil por parte de funcionarios del Gobierno, que se hace en este informe, permitiría que se inicie una investigación internacional, ante lo que se consideran crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Reporte sobre la Represión en Venezuela – Septiembre 2020.
NotiVeraz